Miami, Reporta.news— Una corte federal determinó que la cancelación masiva del programa fue ilegal y ordenó restaurar permisos de permanencia y trabajo
Una jueza federal ordenó a la administración del presidente Donald Trump restituir el estatus legal a decenas de miles de inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos utilizando la aplicación CBP One, implementada durante el gobierno de Joe Biden.
La decisión judicial representa un revés significativo para la política migratoria de la actual administración, al considerar que la cancelación del programa se realizó sin cumplir los procedimientos legales correspondientes.
Cancelación “ilegal” del programa
El fallo establece que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no tenía base legal para revocar de manera generalizada los permisos de permanencia temporal, conocidos como “parole”, otorgados a los migrantes.
Según la jueza, la administración actuó de forma arbitraria al eliminar el programa sin evaluar los casos de manera individual ni ofrecer justificaciones suficientes, lo que vulneró principios básicos del debido proceso.
Cerca de un millón de afectados
Aproximadamente entre 900.000 y 985.000 personas utilizaron la aplicación CBP One para solicitar su ingreso legal a Estados Unidos bajo un esquema de admisión temporal de dos años.
Tras asumir el poder en 2025, la administración Trump canceló abruptamente el programa y notificó a los beneficiarios que debían abandonar el país, dejándolos en una situación migratoria incierta.
La orden judicial exige ahora restablecer tanto el estatus legal como los permisos de trabajo de los afectados, lo que podría beneficiar a cientos de miles de personas.
Demanda colectiva y argumentos
El caso se originó a partir de una demanda colectiva presentada por migrantes —en su mayoría procedentes de Venezuela, Cuba y Haití— junto a organizaciones defensoras de derechos civiles.
Los demandantes alegaron que ingresaron legalmente al país siguiendo un proceso oficial y que la revocación de su estatus fue abrupta e injustificada.
La corte coincidió con estos argumentos, señalando que el gobierno excedió su autoridad al aplicar una medida masiva sin sustento legal suficiente.
Reacciones divididas
Grupos proinmigrantes celebraron el fallo como una victoria para el estado de derecho y la protección de los derechos de los migrantes.
En contraste, funcionarios del gobierno federal cuestionaron la decisión, argumentando que limita la capacidad del Ejecutivo para implementar su política migratoria.
Posible apelación
Se espera que la administración de Donald Trump evalúe apelar el fallo, lo que podría trasladar el caso a tribunales superiores y prolongar la incertidumbre jurídica.
Mientras tanto, la decisión judicial reabre el debate nacional sobre los límites del poder presidencial en materia migratoria y el manejo de programas humanitarios implementados por administraciones anteriores.
FOTO: Cortesia de Diaz and Gaeta Law
