Miami, Reporta.news— Los comisionados del Condado de Miami-Dade tienen este martes una de las votaciones más controvertidas y costosas de los últimos años: decidir si declaran en estado de ruina o inutilidad el histórico depósito de combustible de Fisher Island, un paso que abriría la puerta a un proceso de expropiación forzosa de la propiedad para garantizar el suministro de combustible a PortMiami.

La medida llega en medio de fuertes cuestionamientos sobre cómo el gobierno condal permitió perder la oportunidad de adquirir el terreno cuando estuvo disponible por aproximadamente 180 millones de dólares, para ahora verse obligado a considerar una operación que podría costar más del doble a los contribuyentes.

El conflicto gira en torno a una instalación de casi diez acres ubicada en Fisher Island, que durante décadas ha servido como punto clave para abastecer de combustible a cruceros y buques de carga que operan desde PortMiami. Autoridades portuarias consideran que la infraestructura es esencial para mantener la competitividad del puerto y evitar interrupciones en las operaciones marítimas.

Sin embargo, el terreno fue adquirido en 2025 por el grupo desarrollador HRP por unos 180 millones de dólares, con planes para demoler las antiguas instalaciones y construir un exclusivo proyecto residencial de lujo. Posteriormente, el Condado inició conversaciones para recomprar la propiedad por una cifra que, según reportes públicos, alcanzaría los 400 millones de dólares entre pagos inmediatos y futuros, provocando una fuerte reacción de residentes, contribuyentes y líderes políticos.

La votación de hoy busca establecer formalmente que la instalación es necesaria para un propósito público y que su pérdida pondría en riesgo la operación de PortMiami. De aprobarse la declaración, el Condado quedaría en posición de iniciar procedimientos de expropiación mediante dominio eminente, una herramienta legal que permite al gobierno adquirir propiedades privadas consideradas esenciales para el interés público.

Los defensores de la medida argumentan que el puerto no puede permitirse perder una instalación estratégica para el abastecimiento de combustible de la industria de cruceros, uno de los motores económicos más importantes del sur de Florida. Según esta visión, garantizar el control público de la terminal es una necesidad económica y operacional.

Los críticos, por el contrario, sostienen que la situación es consecuencia de años de falta de planificación gubernamental. Señalan que los contribuyentes podrían terminar pagando cientos de millones de dólares adicionales por una propiedad que el propio Condado tuvo la oportunidad de adquirir a una fracción del costo actual.

La controversia ya ha provocado demandas judiciales, renuncias de altos funcionarios y un intenso debate público sobre la gestión de la administración de la alcaldesa Daniella Levine Cava. Mientras algunos consideran la expropiación una medida necesaria para proteger la economía local, otros la ven como el intento de corregir un costoso error administrativo utilizando dinero de los contribuyentes.

La decisión que adopten hoy los comisionados podría definir no solo el futuro de la terminal de combustible de Fisher Island, sino también el destino de cientos de millones de dólares de recursos públicos y el papel que jugará PortMiami en la industria marítima internacional durante las próximas décadas.

FOTO: El Diario de las A.