La Habana ensaya nuevas reformas para ampliar el sector privado, pero mantiene intacto el sistema político de partido único. La administración Trump advierte que esta vez los cambios económicos no serán suficientes: Washington exige también libertades políticas.
MIAMI, Reporta.news— Cuba vuelve a hablar de reformas económicas. El Gobierno ha anunciado medidas que amplían el espacio para la empresa privada, flexibilizan determinadas actividades comerciales y buscan atraer capital en momentos en que la Isla atraviesa una de las crisis económicas y energéticas más graves de las últimas décadas.
Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre lo que propone La Habana y lo que Washington considera necesario: la apertura económica cubana no ha venido acompañada de una apertura equivalente del sistema político.
El mensaje de la administración del presidente Donald Trump, expresado en los últimos días por el secretario de Estado Marco Rubio, es que Estados Unidos no considera suficiente modificar parcialmente el modelo económico mientras permanezcan las estructuras políticas fundamentales del sistema comunista.
Rubio fue particularmente explícito durante una entrevista con Sean Hannity, de Fox News, el 28 de septiembre.
El secretario de Estado sostuvo que cualquier proceso de cambio irreversible y positivo en Cuba debe incluir libertades económicas y políticas. Y fue todavía más categórico: “No se puede tener libertad económica en Cuba si primero no se tiene libertad política”, añadiendo que ambas transformaciones deben producirse, como mínimo, simultáneamente.
EL DILEMA DE LA HABANA
La cuestión adquiere especial importancia porque Cuba ya ha experimentado anteriormente con aperturas económicas parciales.
Durante décadas, el Gobierno cubano ha autorizado determinadas formas de trabajo privado, pequeños negocios, inversión extranjera y otras actividades fuera del esquema estatal tradicional. Pero esas reformas nunca significaron abandonar el monopolio político del Partido Comunista.
Ahora La Habana intenta una transformación económica más profunda. El viceprimer ministro y responsable de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva Fraga, ha defendido las reformas iniciadas este año y sostiene que las sanciones estadounidenses constituyen uno de los principales obstáculos para desarrollarlas plenamente.
El Gobierno de Miguel Díaz-Canel, además, insiste en que ampliar la actividad privada no significa adoptar el capitalismo ni renunciar al sistema socialista. Las reformas aprobadas en junio han ampliado las posibilidades de contratación, acceso a mercados e importación y exportación para empresas privadas, según reportes recientes.
Ahí precisamente aparece el choque con Washington.
RUBIO: LIBERTAD ECONÓMICA Y POLÍTICA
El 23 de septiembre, Rubio ya había adelantado cuál sería la posición estadounidense.
“La Revolución cubana ha fracasado”, declaró el secretario de Estado, quien afirmó que Cuba tiene una oportunidad de iniciar un proceso que coloque al país en una trayectoria irreversible hacia un futuro mejor.
Pero estableció dos condiciones inseparables: libertad política y libertad económica.
Rubio también reconoció algo importante: una transición después de más de seis décadas de comunismo no ocurriría de la noche a la mañana.
Washington, según sus declaraciones, estaría dispuesto a colaborar con sectores dentro de Cuba que acepten impulsar ese proceso, aunque Rubio excluyó expresamente a determinadas figuras del régimen a las que Estados Unidos responsabiliza de graves abusos.
Esto introduce un elemento nuevo en el debate: la administración Trump no está hablando únicamente de reformas económicas, sino de una transición política.
¿MODELO CHINO O TRANSICIÓN POLÍTICA?
La gran interrogante es si La Habana pretende construir un modelo en el que puedan coexistir mayores espacios de iniciativa privada con el mantenimiento del control político del Partido Comunista.
Existen precedentes internacionales de economías que han incorporado mecanismos de mercado sin adoptar sistemas políticos pluralistas. Cuba, sin embargo, enfrenta ahora una posición estadounidense que rechaza explícitamente considerar la liberalización económica, por sí sola, como el objetivo final.
Rubio volvió sobre el asunto el 28 de septiembre al afirmar que Estados Unidos espera que Cuba “escoja un camino diferente”. También señaló que la preferencia del presidente Trump es resolver estos conflictos mediante la diplomacia y alcanzar acuerdos capaces de conducir a cambios positivos e irreversibles.
Por tanto, conviene hacer una precisión: Washington no ha anunciado que cada medida económica cubana sea inaceptable ni ha establecido públicamente un calendario específico para desmontar el sistema político cubano. Lo que Rubio sí ha declarado inequívocamente es que la apertura económica, para ser parte de una transformación aceptable para Estados Unidos, debe ir acompañada de libertad política.
DOS VISIONES DEL FUTURO DE CUBA
La Habana y Washington parecen estar colocando sobre la mesa dos conceptos muy diferentes de reforma.
Para el Gobierno cubano, las nuevas medidas económicas pueden representar una vía para aumentar la producción, atraer inversión y permitir mayor actividad privada sin abandonar el sistema socialista ni el control político del Partido Comunista.
Para la administración Trump, según las declaraciones de Rubio, eso no basta.
Estados Unidos está planteando una transformación más profunda en la que las reformas económicas estén acompañadas por un proceso político que conduzca hacia mayores libertades y, eventualmente, hacia una transición democrática.
La discusión, por tanto, ya no parece centrarse solamente en cuánto mercado está dispuesto a permitir el Gobierno cubano, sino en una pregunta mucho más trascendental:
¿Está dispuesto el poder en La Habana a permitir libertades políticas junto con las económicas?
Después de más de seis décadas de revolución, esa podría convertirse en una de las preguntas decisivas para el futuro inmediato de Cuba.
FOTO: REPORTA.NEWS S.I.


