La supervisora de Elecciones rechaza apartarse tras expresar públicamente su apoyo a la Enmienda 3 y sostiene que habló como ciudadana privada

MIAMI, Reporta.news— Una nueva controversia política se ha abierto en Miami-Dade a pocas semanas de las elecciones del 3 de noviembre, luego de que la presidenta del Partido Demócrata del condado, Laura Kelley, cuestionara públicamente la imparcialidad de la supervisora de Elecciones, Alina García, por haber participado en una conferencia de prensa en apoyo a la Enmienda 3.

El Partido Demócrata de Miami-Dade está reclamando que García se aparte de la Junta de Escrutinio —Canvassing Board— encargada de intervenir en determinadas decisiones relacionadas con las elecciones, incluyendo cuestiones sobre boletas cuya validez sea objeto de revisión.

La controversia comenzó después de que García participara el 28 de septiembre en una conferencia de prensa en el restaurante Versailles junto a varios funcionarios republicanos y defensores de la Enmienda 3, propuesta que ampliaría considerablemente la exención contributiva sobre las viviendas principales en Florida.

Durante aquella comparecencia, García pidió públicamente el voto favorable a la medida. Los funcionarios presentes, sin embargo, dejaron establecido que estaban expresándose a título personal y no en representación oficial de sus respectivas dependencias gubernamentales.

KELLEY CUESTIONA LA IMPARCIALIDAD

Para Laura Kelley, el hecho de que la funcionaria responsable de administrar las elecciones haya tomado posición pública sobre una propuesta incluida en la misma boleta que su oficina deberá administrar plantea un problema de confianza.

Kelley sostuvo que la responsabilidad del supervisor de Elecciones es administrar el proceso de manera completamente no partidista y que sus opiniones políticas personales no deben provocar dudas sobre su juicio ni sobre su capacidad para respetar la voluntad expresada por los electores.

El reclamo demócrata va más allá de criticar las declaraciones de García: el partido quiere que se retire de la Junta de Escrutinio durante las elecciones de noviembre.

García, sin embargo, no parece dispuesta a hacerlo.

GARCÍA: “NO HAY CONFLICTO”

La supervisora ha defendido su derecho a pronunciarse como ciudadana privada.

García ha señalado que no cuenta personalmente los votos, que estos son procesados mediante máquinas y que existen mecanismos de acceso público, controles y contrapesos destinados a garantizar la transparencia del proceso electoral. También ha sostenido que no existe conflicto entre sus opiniones personales y sus responsabilidades oficiales.

Existe además un elemento jurídico importante.

Según explicó a WLRN Caroline Klancke, directora ejecutiva del Florida Ethics Institute, las normas éticas de Florida permiten que funcionarios públicos expresen posiciones sobre asuntos políticos en su capacidad privada, siempre que no utilicen para ello recursos públicos de sus oficinas.

Esto convierte la controversia en algo más complejo que determinar simplemente si García puede o no expresar una opinión.

La cuestión política es si debe hacerlo, teniendo en cuenta la naturaleza particularmente sensible del cargo que ocupa.

“La división partidista aquí se debe a la baja participación demócrata en años anteriores y al hecho de que hay muchísimos más demócratas que llevan años sin votar”, señaló Matt Isbell, de Tallahassee, quien es conocido por construir mapas políticos basados ​​en datos, y añadió, “Lo último que necesitan hacer los demócratas es adoptar teorías conspirativas; además, eso desvía la atención de los problemas reales”.

Kelley, por su parte, encabeza oficialmente la organización política demócrata del condado, cuya propia misión incluye registrar y movilizar votantes demócratas, respaldar candidatos y pronunciarse sobre asuntos políticos de acuerdo con los valores de su partido.

Por ello, las acusaciones y respuestas deben analizarse también dentro del contexto de una intensa batalla partidista en Miami-Dade.

EL ELECTOR TENDRÁ LA ÚLTIMA PALABRA

La Enmienda 3 será decidida por los votantes de Florida el próximo 3 de noviembre y necesitará alcanzar el 60% de los votos para ser aprobada. La propuesta aumentaría progresivamente la exención contributiva de las viviendas principales para determinados impuestos locales no escolares.

Sus defensores sostienen que representa un alivio necesario para propietarios golpeados por el aumento del costo de vida.

Sus opositores advierten que reduciría significativamente los ingresos de condados y municipios y podría afectar servicios públicos.

Pero ahora, además de la discusión sobre impuestos, presupuestos y servicios públicos, Miami-Dade tiene otro debate sobre la mesa: hasta dónde puede llegar la actividad política personal de quien tiene la responsabilidad pública de administrar las elecciones.

Los demócratas dicen que Alina García cruzó esa línea.

García responde que ejerció un derecho como ciudadana privada y que ello no afecta la integridad del proceso electoral.

FOTO: Reporta.news S.I.