MIAMI, Reporta.news— Una explosiva denuncia surgida desde las propias entrañas del Tribunal Supremo de Justicia venezolano vuelve a poner bajo sospecha la independencia del sistema judicial y plantea una seria advertencia para cualquier proceso de democratización del país.

Mientras Washington observa de cerca la evolución política de Venezuela y exige garantías para una verdadera apertura democrática, la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Bárbara Gabriela César Siero acaba de formular una acusación de enorme gravedad: asegura que fue coaccionada para firmar decisiones judiciales contra dirigentes opositores, incluida la inhabilitación política de María Corina Machado.

César Siero, quien fue vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa del TSJ, hizo pública su denuncia mediante un video y una carta.

Según su testimonio, el 15 de diciembre de 2023 —el mismo día en que Machado presentó ante el Supremo una solicitud para revisar su inhabilitación política— fueron detenidos dos hermanos de la magistrada y una cuñada, todos vinculados a las Fuerzas Armadas.

Los detenidos fueron el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero y la mayor Diana Desirée Victora Justo.

La coincidencia de las fechas constituye uno de los elementos centrales de su denuncia.

César Siero sostiene que, después de aquellas detenciones, desconoció durante un tiempo dónde estaban sus familiares y no pudo comunicarse con ellos.

Pero su acusación va mucho más lejos: asegura que sus familiares fueron utilizados para presionarla debido precisamente a la posición que ocupaba dentro del máximo tribunal venezolano.

UNA DENUNCIA QUE GOLPEA AL CORAZÓN DEL SISTEMA JUDICIAL

De confirmarse plenamente el relato de la exmagistrada, no estaríamos simplemente ante una irregularidad judicial.

Estaríamos ante la posible utilización de familiares de una jueza como instrumento de coerción para influir en decisiones destinadas a determinar quién podía —y quién no podía— participar en la vida política venezolana.

César Siero afirma que el 22 de diciembre de 2023, una semana después de la detención de sus familiares, recibió de manera inusual decisiones que debía firmar.

Según su versión, temiendo por la vida de sus hermanos, su cuñada y otros familiares, terminó firmando las decisiones.

Entre los casos estaba el de María Corina Machado, vencedora de las primarias opositoras de 2023 y posteriormente impedida de competir en las elecciones presidenciales de 2024.

La denuncia alcanza también otras inhabilitaciones políticas.

LAS DETENCIONES NO SON SIMPLEMENTE UNA AFIRMACIÓN DE LA EXJUEZA

Hay un detalle que concede especial relevancia al testimonio.

Las detenciones de sus familiares habían sido documentadas anteriormente por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas.

El informe de la misión señaló que Diana Desirée Victora Justo fue detenida el 15 de diciembre de 2023, el mismo día que Enrique César Siero y Henry César Siero.

También documentó dificultades de sus familiares para obtener información sobre su paradero y posteriormente aspectos del proceso judicial seguido contra ellos.

Eso no demuestra por sí solo que las detenciones fueran ordenadas específicamente para obligar a Bárbara César Siero a firmar las decisiones políticas. Esa es precisamente la grave acusación que ahora formula la exmagistrada y que debe ser investigada.

Pero sí confirma que las detenciones alrededor de las cuales construye su denuncia efectivamente ocurrieron.

UNA ADVERTENCIA PARA WASHINGTON

El caso debería llamar especialmente la atención de la administración del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio.

Una transición democrática no consiste solamente en cambiar nombres en los altos cargos del Gobierno.

Requiere desmontar los mecanismos mediante los cuales durante años las instituciones del Estado pudieron ser utilizadas para perseguir adversarios, eliminar candidatos o imponer decisiones políticas bajo apariencia judicial.

Si sectores vinculados al antiguo aparato chavista conservan capacidad para intimidar jueces, militares, funcionarios o dirigentes políticos, entonces cualquier transformación democrática venezolana permanecerá incompleta y vulnerable.

La democracia necesita elecciones libres, pero también necesita jueces independientes.

Necesita partidos políticos capaces de competir sin amenazas.

Y necesita que ningún funcionario tenga que preguntarse qué puede ocurrirle a su familia antes de firmar —o negarse a firmar— una sentencia.

MARÍA CORINA MACHADO, EN EL CENTRO DEL CASO

La revelación adquiere todavía mayor dimensión porque una de las decisiones cuestionadas afectó directamente a María Corina Machado.

Machado había ganado abrumadoramente las primarias de la oposición, pero la inhabilitación ratificada por el sistema judicial venezolano le cerró el camino para presentarse como candidata presidencial.

Ahora una mujer que estuvo dentro de ese mismo Tribunal Supremo afirma que actuó bajo presión.

No es una acusación proveniente de un opositor situado fuera del sistema.

Proviene de quien ocupó una posición de enorme responsabilidad dentro del propio TSJ.

Ese detalle convierte su testimonio en un asunto que no debería ser ignorado ni en Caracas ni en Washington.

¿CUÁNTO PODER CONSERVA TODAVÍA LA VIEJA ESTRUCTURA CHAVISTA?

Esa es quizás la pregunta más importante que deja este caso.

Venezuela puede modificar instituciones, negociar reformas y avanzar hacia mecanismos democráticos. Pero si permanecen intactas redes capaces de ejercer presión desde las estructuras judiciales, militares o de inteligencia, la democratización corre el riesgo de quedarse en la superficie.

La denuncia de Bárbara César Siero exige una investigación independiente.

Debe determinarse quién ordenó las detenciones, quién conocía la situación de sus familiares, quién preparó las decisiones judiciales que ella asegura haber firmado bajo coacción y, sobre todo, si existió una operación deliberada para utilizar a tres personas como instrumento de presión contra una magistrada del Tribunal Supremo.

César Siero ha responsabilizado al Estado venezolano y a funcionarios de la DGCIM por cualquier amenaza, persecución, represalia o daño que pudiera sufrir ella o su familia.

VENEZUELA NO PUEDE CONSTRUIR UNA DEMOCRACIA SOBRE LOS MÉTODOS DEL PASADO

Para las numerosas comunidades venezolana y cubana del sur de Florida, esta denuncia tiene además una resonancia especial.

Ambas conocen demasiado bien lo que ocurre cuando los tribunales dejan de funcionar como contrapeso del poder y pasan a convertirse en instrumentos de persecución política.

Por eso, Washington debería observar cuidadosamente este caso.

Si Venezuela realmente pretende avanzar hacia un sistema democrático, esclarecer esta denuncia no puede ser opcional.

La transformación de un país no se mide solamente por los discursos de sus dirigentes.

Se mide por algo mucho más sencillo:

que un juez pueda dictar sentencia sin recibir una llamada del poder, sin temer por su cargo y, sobre todo, sin tener que temer por la vida o la libertad de su familia.

La denuncia de Bárbara César Siero sugiere que Venezuela todavía tiene mucho que esclarecer antes de poder asegurar que esos tiempos quedaron definitivamente atrás.

FOTO: Reporta.news  S.I.