Miami, Reporta.news– La empresa energética ExxonMobil argumentó este lunes ante la Corte Suprema de Estados Unidos que tiene derecho a recibir una compensación por las propiedades que le fueron confiscadas por el gobierno cubano en 1960, en un caso que vuelve a colocar en el centro del debate las complejas relaciones entre Washington y La Habana.
El litigio se enmarca en dos casos relacionados con el alcance de la Ley Helms-Burton de 1996, particularmente su Título III, una disposición que autoriza a ciudadanos y empresas estadounidenses a presentar demandas en tribunales de Estados Unidos contra entidades que “trafiquen” con bienes confiscados por el gobierno cubano tras la revolución de 1959 que llevó al poder a Fidel Castro.
Durante la audiencia, los jueces examinaron si las compañías pueden reclamar compensaciones millonarias por activos nacionalizados hace más de seis décadas, un tema que combina aspectos de derecho internacional, política exterior y propiedad privada. ExxonMobil sostiene que el Estado cubano confiscó ilegalmente activos petroleros y de gas pertenecientes a su predecesora en la isla, y reclama más de mil millones de dólares en daños.
Según la empresa, las instalaciones energéticas expropiadas en 1960 formaban parte de inversiones legítimas protegidas por el derecho internacional, y su uso posterior por entidades estatales cubanas constituye una forma de “tráfico” bajo los términos de la legislación estadounidense. La compañía asegura que permitir estas reclamaciones es esencial para proteger a inversionistas estadounidenses frente a nacionalizaciones sin compensación.
Por su parte, los abogados de las entidades vinculadas al Estado cubano han cuestionado la aplicabilidad extraterritorial de la Ley Helms-Burton y han advertido que una decisión favorable a Exxon podría abrir la puerta a una ola de demandas similares relacionadas con propiedades confiscadas tras la revolución cubana.
El caso se produce en un contexto diplomático particularmente sensible entre Estados Unidos y Cuba, donde los litigios sobre propiedades confiscadas siguen siendo uno de los principales obstáculos históricos en las relaciones bilaterales. Expertos legales señalan que un fallo de la Corte Suprema podría redefinir el alcance del Título III y sentar un precedente para cientos de reclamaciones pendientes de empresas y ciudadanos estadounidenses.
Más allá del impacto jurídico, la decisión que adopten los magistrados podría tener consecuencias políticas y económicas significativas, al influir en futuras inversiones, sanciones y negociaciones sobre reclamaciones históricas vinculadas a las nacionalizaciones realizadas por el gobierno revolucionario cubano en la década de 1960.
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