Miami, Reporta.news— El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha puesto sobre la mesa una de las propuestas fiscales más ambiciosas y polémicas de los últimos años al convocar una sesión legislativa especial destinada a abordar el futuro del impuesto a la propiedad residencial en el estado.
Durante una conferencia de prensa celebrada en Tampa, DeSantis emitió oficialmente una proclamación que designa el inicio de una sesión legislativa especial para el próximo lunes 1 de junio en Tallahassee, donde legisladores estatales debatirán posibles cambios a un sistema tributario que el gobernador considera profundamente injusto para los propietarios de viviendas.
La propuesta llega en un momento de creciente preocupación entre los residentes de Florida por el aumento sostenido del costo de vida, particularmente en el mercado inmobiliario, donde el valor de las propiedades y, en consecuencia, los impuestos asociados, han experimentado incrementos significativos en los últimos años.
DeSantis no ocultó el carácter filosófico de su posición durante su intervención pública. El gobernador criticó con dureza el concepto mismo del impuesto a la propiedad, al argumentar que representa una forma de tributación reiterativa sobre bienes ya adquiridos legalmente por los ciudadanos.
“Filosóficamente, creo —y pienso que mucha gente comparte esta creencia, no solo los conservadores, sino también otros sectores— que gravar repetidamente algo que uno ya posee, lo cual constituye el impuesto a la propiedad, es la peor forma de tributación”, afirmó el mandatario republicano.
El gobernador sostuvo que, una vez una persona compra una vivienda y paga los impuestos correspondientes durante el proceso de adquisición, no debería enfrentar una carga fiscal permanente simplemente para conservar la titularidad del inmueble.
“Uno adquiere esa propiedad, paga todos los impuestos correspondientes para obtenerla y, posteriormente, año tras año, se ve obligado a extender un cheque simplemente por el privilegio de poder mantener la titularidad de algo que, supuestamente, ya es suyo”, agregó.
Las declaraciones reflejan una postura de largo alcance político e ideológico que podría redefinir el modelo tributario de Florida, un estado que históricamente ha promovido una política fiscal favorable para residentes y empresas, incluyendo la ausencia de un impuesto estatal sobre la renta.
El explosivo crecimiento de la recaudación
Uno de los principales argumentos presentados por DeSantis para justificar la necesidad de revisar el sistema es el drástico incremento en la recaudación de impuestos a la propiedad durante los últimos años.
Según datos citados por el gobernador, en 2019 el estado de Florida recaudaba aproximadamente 32.000 millones de dólares mediante este impuesto. En la actualidad, esa cifra habría ascendido hasta los 60.000 millones de dólares, casi el doble en apenas un lustro.
El aumento coincide con el boom inmobiliario vivido en Florida tras la pandemia, impulsado por la llegada masiva de nuevos residentes provenientes de estados con mayores cargas fiscales como Nueva York, California e Illinois, así como por la escalada del valor de las viviendas y el encarecimiento de los seguros.
Para muchos propietarios, especialmente jubilados y familias de ingresos medios, el alza de los impuestos a la propiedad ha comenzado a convertirse en una presión financiera considerable, incluso cuando sus ingresos no han aumentado al mismo ritmo que la valorización de sus inmuebles.
Sin embargo, cualquier intento de modificar profundamente el impuesto a la propiedad enfrentará importantes obstáculos políticos y legales.
De acuerdo con la propuesta presentada, cualquier enmienda constitucional relacionada con este impuesto necesitaría primero la aprobación del 60% de los votos tanto en la Cámara de Representantes estatal como en el Senado de Florida.
Superado ese paso, la iniciativa tendría que ser sometida a votación popular durante las elecciones de noviembre, donde nuevamente requeriría el respaldo del 60% de los votantes floridanos para entrar en vigor.
Ese umbral elevado convierte el proyecto en un reto político significativo, ya que implicaría construir consenso no solo entre legisladores republicanos y demócratas, sino también entre millones de electores con visiones distintas sobre el financiamiento de servicios públicos esenciales.
Pero, ¿Qué está realmente en juego?
El debate no gira únicamente en torno al bolsillo de los propietarios. Los impuestos a la propiedad constituyen una fuente crítica de financiamiento para escuelas públicas, departamentos de policía, bomberos, infraestructura local y gobiernos municipales.
Los críticos de eliminar o reducir drásticamente estos tributos advierten que cualquier recorte sustancial podría generar déficits importantes o trasladar la carga fiscal hacia otras áreas, como el consumo o nuevos impuestos estatales.
Por el contrario, los partidarios de una reforma argumentan que Florida debe proteger a los residentes permanentes frente a una presión tributaria creciente derivada de un mercado inmobiliario inflado y de políticas locales que, según ellos, han permitido un aumento excesivo del gasto gubernamental.
La sesión especial convocada por DeSantis promete abrir un intenso debate político en Tallahassee sobre uno de los pilares del sistema fiscal floridano, una discusión que podría tener consecuencias de largo alcance para millones de propietarios en el Estado del Sol.
Con el reloj avanzando hacia noviembre, Florida podría encontrarse ante una de las reformas tributarias más trascendentales de su historia reciente.
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