Miami, Reporta.news— El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compareció este martes como testigo en un tribunal federal de Miami en el juicio contra el excongresista David Rivera, en un caso que ha captado la atención política por sus implicaciones internacionales y por la relación personal entre ambos.

La presencia de Rubio en la corte fue considerada extraordinaria, dado su cargo y el peso político que representa dentro de la administración estadounidense. Durante cerca de tres horas de testimonio, el jefe de la diplomacia estadounidense respondió a preguntas de la fiscalía y de la defensa sobre su vínculo con Rivera y su conocimiento de las gestiones que este habría realizado en torno a Venezuela.

El juicio, que se desarrolla en Miami, gira en torno a acusaciones federales contra Rivera por presuntamente actuar como agente extranjero no registrado y participar en una conspiración de lavado de dinero vinculada a un contrato millonario relacionado con el gobierno venezolano.

Rubio: “Desconocía completamente el contrato”

Uno de los puntos centrales del testimonio fue la afirmación de Rubio de que no tenía conocimiento de la existencia de un supuesto contrato multimillonario firmado en 2017 por Rivera. Según la fiscalía, dicho acuerdo —valorado en decenas de millones de dólares— buscaba facilitar un acercamiento entre la administración estadounidense y el gobierno de Nicolás Maduro.

Rubio fue enfático al señalar que su amigo nunca le informó sobre ese acuerdo ni sobre actividades de cabildeo en nombre del gobierno venezolano. Incluso declaró que le habría “sorprendido mucho” conocerlo en ese momento.

Asimismo, reiteró que desconocía cualquier intento estructurado de Rivera para influir en la política exterior de Washington hacia Venezuela mediante ese contrato.

Durante su comparecencia, Rubio reconoció que sí sostuvo reuniones con Rivera en 2017 para discutir la situación venezolana. En esos encuentros, el excongresista le habría planteado iniciativas relacionadas con un posible acercamiento diplomático que incluía, entre otros objetivos, promover una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela.

Sin embargo, el actual secretario de Estado insistió en que dichas conversaciones nunca incluyeron detalles sobre financiamiento, contratos o vínculos formales con entidades relacionadas con el gobierno de Maduro.

La fiscalía sostiene que Rivera recibió o gestionó un contrato de aproximadamente 50 millones de dólares para realizar labores de lobby a favor del gobierno venezolano, incluyendo intentos de suavizar sanciones impuestas por Washington.

Rivera, quien representó a Florida en el Congreso entre 2011 y 2013, se ha declarado inocente y argumenta que sus gestiones buscaban facilitar una salida democrática a la crisis venezolana, no beneficiar al gobierno de Maduro.

El testimonio de Rubio es considerado clave para el desarrollo del juicio, ya que podría ayudar a determinar si funcionarios estadounidenses fueron informados o, por el contrario, engañados respecto a las actividades de Rivera.

Además, el caso pone bajo escrutinio la relación personal y política entre ambos, forjada durante años en la política de Florida, y abre interrogantes sobre los límites del cabildeo internacional y la aplicación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) en Estados Unidos.

En un contexto de tensiones persistentes entre Washington y Caracas, el proceso judicial no solo tiene implicaciones legales, sino también geopolíticas, al revelar intentos de canales informales de negociación en uno de los conflictos más complejos de la región.

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