Miami, Reporta.news— El Gobierno cubano ha dado un nuevo paso en la reestructuración de su debilitada economía al anunciar una medida que, aunque abre espacios al sector privado en la comercialización de combustibles, deja claro que el control estatal sobre los precios continuará intacto. La decisión, revelada este martes por medios oficiales, permitirá cambios en la forma de venta de gasolina y otros derivados del petróleo, mientras el régimen intenta sortear restricciones externas y aliviar la profunda crisis energética que atraviesa la Isla.

A partir del próximo 15 de mayo, Cuba eliminará el precio fijo para la venta de combustibles en divisas, permitiendo que los valores se ajusten “hacia el alza o la baja” según “los costos reales de cada operación específica”, según explicaron las autoridades. En la práctica, esto significa que el precio de la gasolina dejará de ser estable y pasará a fluctuar dependiendo del costo de importación de cada cargamento.

Sin embargo, detrás del anuncio existe un elemento clave: aunque la comercialización tendrá una apariencia más flexible y con participación privada, el Estado cubano continuará determinando las reglas del juego, supervisando precios y manteniendo un férreo control sobre un sector considerado estratégico.

¿Una privatización real o una apertura controlada?

La decisión ha sido interpretada por algunos analistas como una privatización parcial o encubierta de la venta de combustibles. No obstante, otros consideran que se trata más bien de un intento del régimen por adaptarse a las restricciones internacionales sin perder el monopolio económico.

El trasfondo de esta medida está estrechamente vinculado a las sanciones de Estados Unidos y, particularmente, a las disposiciones que permiten exclusivamente a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes) importar ciertos derivados del petróleo. En otras palabras, el Gobierno cubano estaría buscando mecanismos para utilizar el naciente sector privado como vía para garantizar combustible en el país, sin renunciar al control político y económico sobre el proceso.

En medio de una severa escasez de gasolina y diésel, con frecuentes apagones y paralización parcial del transporte público, el acceso al combustible se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza para la población cubana y para sectores productivos esenciales.

Un mercado dolarizado y precios impredecibles

El anuncio también confirma algo que para muchos cubanos ya es una realidad cotidiana: la creciente dolarización de la economía.

Los combustibles seguirán comercializándose en divisas, lo que implica que una parte importante de la población —que cobra salarios en pesos cubanos— seguirá enfrentando enormes dificultades para acceder a la gasolina. El cambio principal radica en que ahora los precios podrán variar constantemente, dependiendo de los costos internacionales y de las condiciones de importación.

Esto abre un escenario de incertidumbre para transportistas privados, taxistas y ciudadanos que dependen de vehículos particulares, quienes podrían enfrentar aumentos súbitos sin previsibilidad.

Aunque el Gobierno asegura que los ajustes podrían ser “hacia abajo o hacia arriba”, muchos observadores dudan que exista margen real para una reducción significativa, teniendo en cuenta la fragilidad financiera del país, las dificultades para acceder a divisas y el elevado costo logístico de importar combustible hacia Cuba.

Una economía en crisis permanente

La medida llega en uno de los momentos económicos más complejos que ha vivido Cuba en décadas. La Isla enfrenta inflación, caída de la producción nacional, déficit energético, migración masiva y una creciente falta de productos básicos.

Durante años, el modelo económico cubano estuvo basado en subsidios externos provenientes de aliados estratégicos como la extinta Unión Soviética y posteriormente Venezuela. Sin embargo, la reducción del apoyo venezolano y las dificultades financieras del régimen han obligado a La Habana a flexibilizar algunos sectores económicos, aunque siempre bajo supervisión estatal.

La paradoja es evidente: mientras el discurso oficial continúa defendiendo el modelo socialista centralizado, la realidad económica ha obligado al Gobierno a abrir espacios cada vez mayores al sector privado para sostener actividades esenciales.

¿Qué significa esto para los cubanos?

Para la ciudadanía, la principal preocupación será el impacto en el bolsillo. Si el precio del combustible aumenta, inevitablemente se encarecerán el transporte, los alimentos y numerosos servicios, golpeando aún más una economía doméstica ya profundamente deteriorada.

Muchos cubanos observan estas medidas con escepticismo, argumentando que cualquier flexibilización económica suele venir acompañada de mayores costos para la población y sin un incremento equivalente en salarios o poder adquisitivo.

Mientras tanto, el Gobierno intenta presentar la decisión como una actualización necesaria para mantener el abastecimiento de combustible y adaptarse a las condiciones del mercado internacional. Pero la pregunta sigue abierta: ¿es este un paso hacia una verdadera liberalización económica o simplemente una nueva fórmula para que el Estado mantenga el control mientras traslada los costos al ciudadano?

El próximo 15 de mayo marcará el inicio de este nuevo esquema. Y como ha ocurrido tantas veces en Cuba, serán los ciudadanos quienes primero sentirán sus consecuencias.

FOTO:  Cortesia de OnCuibaNews