** Según algunos críticos, Las polémicas cámaras escolares de Miami-Dade lejos de ser, “seguridad para los niños es un negocio con conexiones políticas”.

Miami, Reporta.news— Las cámaras instaladas en los autobuses escolares de Miami-Dade nacieron bajo una promesa difícil de rechazar: proteger a los estudiantes y castigar a los conductores irresponsables que ignoran la señal de parada de los ómnibus escolares. Sobre el papel, la idea parece lógica e incluso necesaria. Después de todo, pocos temas generan más consenso que la seguridad de los niños.

Sin embargo, detrás de un programa presentado como una herramienta de protección infantil, han surgido preguntas incómodas sobre conexiones políticas, contratos, cabilderos y aparentes conflictos de interés que han convertido la iniciativa en una de las más controversiales del condado.

Una medida necesaria… pero no exenta de polémica

No hay duda de que las cámaras pueden servir para un propósito importante: documentar y sancionar a conductores que ponen en peligro la vida de estudiantes al ignorar las señales de alto cuando los niños suben o bajan de los autobuses escolares.

Muchos padres consideran que el sistema es indispensable. Los choferes escolares y autoridades han señalado durante años que algunos automovilistas simplemente no respetan las leyes de tránsito alrededor de los ómnibus escolares, creando situaciones potencialmente mortales.

Pero en Miami-Dade el debate nunca se limitó a la seguridad. Desde el inicio, el programa quedó rodeado de controversias relacionadas con su implementación, cuestionamientos sobre el debido proceso y, especialmente, sobre quién se beneficia económicamente de las multas y contratos.

En el centro de la polémica aparece la empresa BusPatrol, responsable de instalar las cámaras en los autobuses escolares.

El papel de la comisionada Vicky López y las preguntas sobre conflictos de interés

La controversia toma un giro más delicado cuando se examina el rol de la hoy comisionada del condado de Miami-Dade, Vicky López.

Antes de llegar a la comisión del condado, López impulsó en Tallahassee la legislación que abrió la puerta para que compañías privadas, como BusPatrol, pudieran instalar cámaras en autobuses escolares y emitir multas automatizadas a conductores que ignoraran las señales de parada.

Hasta ahí, podría tratarse simplemente de una iniciativa legislativa sobre seguridad vial. Sin embargo, el asunto ha despertado cuestionamientos debido a que familiares cercanos de la comisionada —incluyendo a su hijo y a su cuñado, según reportes públicos— aparecen vinculados laboralmente con la empresa BusPatrol.

La situación ha generado preguntas inevitables: ¿existió o existe un potencial conflicto de interés? ¿Se divulgaron adecuadamente esas relaciones? ¿Se mantuvieron los límites éticos correspondientes entre la función pública y los intereses privados?

Aunque no hay acusaciones formales de ilegalidad, la percepción pública importa, especialmente cuando se trata de programas financiados a través de multas y contratos públicos.

Un programa suspendido… y luego revivido

Las controversias no terminaron ahí.

El programa enfrentó una suspensión el año pasado por parte de la oficina del sheriff, alimentando dudas sobre su funcionamiento, implementación y legitimidad.

Sin embargo, tras esa pausa, BusPatrol movió sus fichas políticas.

La empresa contrató a dos cabilderos con profundas conexiones dentro del ecosistema político de Miami-Dade: David Custin y Tania Cruz Giménez.

El nombre de Custin no es desconocido dentro de la política local. Dirigió la campaña de 2024 de Danny Espino, por la cual recibió más de 56,000 dólares en pagos, y también trabajó para Mary Blanco, quien le pagó aproximadamente 106,000 dólares.

Mientras tanto, Tania Cruz Giménez también trae consigo importantes conexiones políticas. Está casada con Carlos “CJ” Giménez, hijo del congresista Carlos Giménez. Pero quizá el detalle políticamente más significativo para esta historia es otro: CJ Giménez es sobrino de la presidenta de la Junta Escolar, Mary Tere Rojas.

En política, las casualidades suelen analizarse cuidadosamente.

La gran pregunta: ¿protección infantil o red de influencias?

Aquí es donde el debate se vuelve más complejo.

Pocos estarían en desacuerdo con castigar a quienes violan la señal de parada de un autobús escolar. La seguridad de los estudiantes no debería ser negociable.

Pero una política pública puede ser útil y al mismo tiempo merecer escrutinio.

Cuando aparecen familiares de funcionarios vinculados a empresas beneficiadas, cuando los programas son suspendidos y luego reaparecen tras el ingreso de cabilderos políticamente conectados, y cuando las redes familiares y políticas convergen alrededor de un contrato multimillonario, los ciudadanos tienen derecho a hacer preguntas.

No se trata de oponerse a las cámaras por principio. Se trata de transparencia.

¿Quién impulsa realmente estas políticas? ¿Quién gana dinero? ¿Qué influencia tienen los cabilderos? ¿Y están los funcionarios actuando únicamente en interés del público?

En Miami-Dade, las cámaras escolares nacieron para proteger niños. Pero hoy, para muchos residentes, el foco ya no está únicamente en la seguridad vial, sino en las conexiones políticas detrás del negocio.

Porque cuando el dinero, la política y las relaciones familiares se cruzan, la confianza pública inevitablemente entra en juego.

FOTO: Cortesia de Telemunod Miami.