Miami, Reporta.news— La ofensiva de sanciones del gobierno del presidente Donald Trump contra la cúpula del poder en Cuba se intensificó este lunes, luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunciara una importante ampliación de la lista de funcionarios y entidades cubanas sancionadas por Washington.
Según informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, once nuevos altos funcionarios del régimen cubano fueron incorporados a la lista de sancionados, junto a tres instituciones clave vinculadas a la seguridad y el aparato represivo de la isla: el Ministerio del Interior (MININT), la Dirección General de Inteligencia y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
La medida representa una de las expansiones más significativas de sanciones dirigidas contra figuras del poder cubano desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, y parece apuntar directamente al núcleo político, militar y de control interno del régimen.
Altos funcionarios incluidos en la nueva ronda de sanciones
Entre los nuevos nombres sancionados aparecen varios ministros y dirigentes de alto perfil dentro de la estructura gubernamental cubana.
Washington incluyó al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; y la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde.
Asimismo, figura el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, considerado uno de los dirigentes históricos más cercanos al poder político cubano.
También fue sancionado el ex viceprimer ministro y actual miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, una de las figuras más influyentes dentro del aparato partidista.
Dentro del sector militar y de inteligencia, la lista incluye al jefe de la Contrainteligencia Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, José Miguel Gómez del Vallín, así como a tres altos mandos militares: Joaquín Quintas Solá, Eugenio Armando Rabilero Aguilera y Raúl Villar Kessell.
De igual manera, Estados Unidos apuntó directamente contra la cúpula de la Policía Nacional Revolucionaria al sancionar a su director, Oscar Alejandro Callejas Valcarce, y al subdirector, Eddy Manuel Sierra Arias.
El MININT y la inteligencia cubana, en la mira de Washington
Uno de los elementos más llamativos de esta nueva ronda de medidas es la inclusión institucional del Ministerio del Interior, organismo considerado el principal brazo de seguridad y vigilancia interna del régimen cubano.
Junto al MININT fueron sancionadas la Dirección General de Inteligencia —vinculada históricamente a las operaciones de espionaje cubanas— y la Policía Nacional Revolucionaria, entidades señaladas por organizaciones de derechos humanos y opositores cubanos de participar en actos de represión, vigilancia y persecución política dentro de la isla.
La decisión parece enviar un mensaje claro: Washington no solo busca castigar individualmente a funcionarios, sino también golpear directamente las estructuras estatales encargadas del control político y represivo.
Marco Rubio endurece el discurso hacia La Habana
Desde su llegada al Departamento de Estado, Marco Rubio ha defendido una línea dura hacia el gobierno cubano, insistiendo en la necesidad de aumentar la presión diplomática y económica contra el régimen.
Rubio, de origen cubanoamericano y crítico histórico de La Habana, ha sostenido que las sanciones son una herramienta para responsabilizar a funcionarios vinculados con violaciones de derechos humanos y corrupción estatal.
La ampliación de la lista ocurre en un momento de creciente tensión entre Washington y La Habana, marcado por la crisis económica en Cuba, el aumento de la migración irregular y un endurecimiento de las posiciones políticas de ambas administraciones.
¿Qué implican estas sanciones?
Las sanciones de la OFAC generalmente conllevan el congelamiento de cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense, restricciones financieras y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses.
Además, estas designaciones suelen dificultar operaciones bancarias internacionales y aumentar el aislamiento financiero de los funcionarios afectados.
Aunque el gobierno cubano ha rechazado históricamente este tipo de medidas calificándolas de “agresión económica” y “política hostil”, críticos del régimen consideran que representan un intento de responsabilizar directamente a figuras clave del aparato de poder por la situación política y social de la isla.
La ampliación anunciada este lunes podría marcar una nueva fase de presión de la administración Trump contra la élite gobernante cubana, en un escenario regional donde Cuba vuelve a colocarse en el centro.
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