Miami, Reporta.news— Como reportamos en primicia ayer, el socialista amigo de los tiranos de Venezuela Chavez y Maduro y de Cuba los hermanos Castro, Jose Luis Rodriguez Zapatero ha sido imputado por lavado de dinero, tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.

La investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra continúa elevando la temperatura política en España. Los audios intervenidos por los investigadores en el llamado “caso Plus Ultra” han revelado conversaciones que apuntan a presuntas maniobras de presión durante la tramitación del expediente que terminó con la aprobación de una ayuda pública de 53 millones de euros a la compañía aérea en plena pandemia.

El material incorporado a la causa, según el auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Rodríguez Zapatero, expone cómo directivos de la empresa realizaban “reiteradas referencias” a la necesidad de ejercer “presión” o dar “empujones” para desbloquear un procedimiento que, a su juicio, avanzaba con excesiva lentitud dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La revelación más delicada afecta directamente al expresidente socialista, quien ha sido citado como investigado por el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. En el auto judicial —al que, según diversas informaciones periodísticas, ha tenido acceso el diario La Razón— se describe una conversación mantenida el 16 de septiembre de 2020 por el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, en la que mostraba preocupación porque el expediente llevaba al menos quince días “encima de la mesa” sin avances aparentes.

En esa conversación, Roselli habría deslizado la necesidad de dar “un toque técnico desde arriba” para acelerar la operación, e incluso sugirió que “Zapatero hable con alguien de la SEPI”, una frase que ahora adquiere un peso judicial y político considerable. La conversación se produjo aproximadamente seis meses antes de que finalmente se aprobara la inyección económica de 53 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

El rescate de Plus Ultra ya había sido objeto de fuertes controversias desde el inicio. La oposición cuestionó duramente que una aerolínea de reducido tamaño, con escasa cuota de mercado en España y una situación financiera comprometida antes incluso de la crisis sanitaria, pudiera ser considerada una empresa “estratégica” para justificar una ayuda pública de semejante magnitud.

Ahora, los nuevos elementos conocidos podrían cambiar el eje del debate: de una discusión sobre la conveniencia económica del rescate a posibles influencias políticas ejercidas para facilitarlo.

La posible implicación de Zapatero introduce además un componente especialmente sensible para el actual escenario político. El expresidente no ha sido una figura retirada de la vida pública, sino un actor con influencia en determinados ámbitos del socialismo español y de la política internacional, particularmente en América Latina. Su proximidad política al entorno del presidente del Gobierno ha convertido esta investigación en un asunto potencialmente explosivo para el bloque gubernamental.

La resolución del juez Calama no implica culpabilidad alguna, pero sí evidencia que la Audiencia Nacional considera necesario esclarecer si existieron contactos o gestiones que pudieran haber condicionado el procedimiento administrativo del rescate. En términos judiciales, la citación como investigado responde a la necesidad de garantizar el derecho de defensa mientras se profundiza en el análisis de los hechos.

La cuestión de fondo es especialmente delicada: si las referencias a “presionar” o “dar empujones” fueron simples expresiones coloquiales propias de la desesperación empresarial durante la pandemia, o si realmente reflejan una estrategia organizada para influir sobre organismos públicos y acelerar la concesión de fondos estatales.

El caso amenaza con convertirse en uno de los episodios más incómodos para el entorno del Gobierno, especialmente porque revive viejos debates sobre las conexiones entre poder político, influencia institucional y gestión de recursos públicos. La oposición ya anticipa nuevas ofensivas parlamentarias y exige transparencia total sobre quién intervino en el expediente, qué conversaciones se mantuvieron y bajo qué criterios se aprobó finalmente el rescate.

Mientras tanto, el foco judicial permanece sobre los audios, las llamadas y las relaciones tejidas en torno a una operación que, años después, sigue generando interrogantes sobre cómo se tomaron realmente algunas decisiones durante uno de los periodos más complejos de la historia reciente de España.

FOTO: Cortesia de Al Jazzera