Miami, Reporta.news— Hay momentos en la historia de una nación en los que la política debe ceder su lugar a la humanidad. Venezuela atraviesa uno de esos momentos. Mientras miles de familias lloran la pérdida de seres queridos y otras buscan desesperadamente a desaparecidos tras la tragedia que ha golpeado al país, resulta inconcebible que el enfrentamiento político pueda anteponerse al derecho de un venezolano de regresar a su propia tierra.
La dirigente opositora María Corina Machado denunció que el régimen de Delci Rodriguez cerró el espacio aéreo con el objetivo de impedir su regreso al país. Según afirmó, su propósito es incorporarse cuanto antes a las labores de apoyo a las víctimas y acompañar a quienes hoy sufren una de las peores tragedias humanitarias que ha vivido Venezuela en los últimos años.
Esa denuncia, no se trata únicamente de una decisión política. Se trata de una vulneración de un derecho fundamental reconocido por el derecho internacional: el derecho de toda persona a entrar en el país del que es nacional. Ese principio existe precisamente para impedir que un gobierno utilice el territorio nacional como un instrumento de castigo contra quienes piensan diferente.
Ningún gobernante es dueño de un país. Los gobiernos son temporales; las naciones pertenecen a sus ciudadanos. Venezuela no es propiedad del oficialismo ni de la oposición. Es la patria de millones de venezolanos que, independientemente de sus ideas, tienen el mismo derecho a pisar su suelo.
Las grandes tragedias suelen sacar lo mejor de los pueblos. Personas de distintas ideologías dejan a un lado sus diferencias para rescatar sobrevivientes, atender a los heridos y consolar a quienes lo han perdido todo. Es precisamente en esos momentos cuando se mide la grandeza de un liderazgo político.
Impedir el regreso de una figura política como María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, no fortalece a ningún gobierno. Por el contrario, alimenta la percepción de que el control político sigue siendo más importante que el sufrimiento de la población. Cuando miles de familias necesitan alimentos, medicinas, refugio y apoyo emocional, la prioridad no debería ser quién obtiene una ventaja política, sino cómo salvar vidas.
El mundo observa con atención lo que ocurre en Venezuela. Cada decisión tomada durante esta emergencia será evaluada no solo por la historia, sino también por una comunidad internacional que espera que los derechos fundamentales sean respetados incluso —y especialmente— en tiempos de crisis.
No se trata de estar a favor o en contra de María Corina Machado. Se trata de defender un principio que protege a todos los ciudadanos. Hoy es ella quien denuncia que se le impide regresar. Mañana podría ser cualquier otro venezolano que, desde el extranjero, quiera volver para abrazar a su familia o ayudar a su pueblo en medio del dolor.
Las diferencias políticas pueden esperar. Las víctimas no.
La verdadera fortaleza de un Estado no se demuestra cerrando puertas, sino abriéndolas cuando su pueblo más lo necesita. Venezuela necesita unidad, solidaridad y compasión, no nuevas barreras. Porque ninguna autoridad debería tener el poder de impedir que un venezolano regrese a su patria cuando esa patria atraviesa una de las horas más difíciles de su historia.
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