Después de más de seis décadas de confiscaciones y control estatal, el Gobierno comunista abre el negocio del petróleo al capital privado y extranjero. La gran interrogante es si pretende reformar verdaderamente la economía o conseguir nuevos recursos para sostener un sistema que se resiste a cambiar.
Miami, Reporta.news— Una conversación sostenida durante el fin de semana entre varios periodistas cubanos retirados dejó sobre la mesa una advertencia que merece ser examinada con detenimiento, precisamente cuando el Gobierno de La Habana anuncia nuevas medidas económicas que parecen acercarse al capitalismo.
Uno de los participantes resumió su desconfianza con una frase contundente:
“El régimen está realizando cambios capitalistas por pura conveniencia para engañar al pueblo cubano y a los americanos”.
Su argumento fue todavía más severo. Recordó que el Gobierno revolucionario comenzó su historia confiscando propiedades privadas y advirtió que los inversionistas que hoy respondan a las nuevas ofertas podrían terminar enfrentándose a un Estado que conserva amplias facultades sobre sus negocios.
La advertencia refleja una preocupación histórica, aunque no constituye por sí sola una prueba de que las nuevas inversiones vayan a ser confiscadas.
Sin embargo, los acontecimientos de este lunes 12 de octubre vuelven a colocar esa discusión en el centro del debate.
El régimen descubre las ventajas del capitalismo cuando necesita dólares
El diario independiente 14ymedio informó que el Gobierno cubano acaba de actualizar su legislación sobre hidrocarburos, permitiendo una mayor participación de inversionistas nacionales y extranjeros en actividades relacionadas con el petróleo y el gas.
La nueva regulación, recogida en el Decreto-Ley 135/2026 y el Decreto 184/2026, contempla inversiones en exploración, explotación, almacenamiento, transporte, refinación y comercialización.
También abre oportunidades a pequeñas y medianas empresas privadas, trabajadores por cuenta propia y otras entidades empresariales.
Las normas entrarán en vigor el próximo 19 de octubre.
Una de las novedades consiste en permitir que las refinerías vendan combustible directamente al público, siempre que reciban las autorizaciones correspondientes.
Pero existe un detalle fundamental: la apertura no elimina el sistema de licencias, permisos y controles administrativos del Estado cubano.
Tampoco garantiza nuevas inversiones ni una mayor disponibilidad de combustible para la población.
La contradicción política resulta evidente.
Durante décadas, el discurso oficial presentó al capitalismo y a la empresa privada como responsables de la explotación económica. Ahora, cuando el país atraviesa una crisis energética de enormes proporciones, el mismo Gobierno solicita la participación del capital privado.
La pregunta es inevitable: ¿por qué aquello que durante tantos años fue condenado ideológicamente aparece ahora como una posible solución?
La historia que ningún inversionista debería olvidar
Para comprender las dudas que despierta esta nueva apertura, es necesario regresar a los primeros años de la revolución de Fidel Castro.
A partir de 1959, el nuevo Gobierno emprendió un proceso de nacionalizaciones que alcanzó empresas petroleras, centrales azucareros, bancos, industrias, comercios y propiedades de ciudadanos cubanos y extranjeros.
Muchas de aquellas confiscaciones dieron lugar a reclamaciones que siguen sin resolverse.
Los registros oficiales de la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos, organismo dependiente del Departamento de Justicia, ofrecen una dimensión concreta de aquel proceso.
RECLAMACIONES ESTADOUNIDENSES CONTRA CUBA 5,913
Reclamaciones reconocidas mediante decisiones de indemnización
US$1,902 millones
Valor principal certificado, sin intereses posteriores
Fuente: Departamento de Justicia de EE.UU., primer programa de reclamaciones cubanas. Estas reclamaciones no han sido resueltas mediante un acuerdo bilateral.
No se trata, por tanto, de una simple disputa ideológica entre partidarios y adversarios del comunismo.
Existe un historial documentado de propiedades confiscadas y reclamaciones pendientes.
Y ese historial continúa teniendo consecuencias jurídicas para cualquier empresa que contemple invertir en Cuba.
El caso ExxonMobil: una advertencia que llega hasta 2026
Uno de los ejemplos más significativos está relacionado, precisamente, con la industria petrolera.
La compañía estadounidense ExxonMobil mantiene una reclamación derivada de la confiscación de activos petroleros después del triunfo de la revolución.
En junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó una decisión favorable a ExxonMobil en su litigio contra entidades estatales cubanas, al determinar que la inmunidad soberana no impedía esa demanda bajo el Título III de la Ley Helms-Burton.
El litigio involucra una reclamación que, considerando los mecanismos de indemnización previstos legalmente, supera los mil millones de dólares.
La decisión no significa que ExxonMobil ya haya cobrado esa cantidad, pero sí representa un acontecimiento judicial de extraordinaria importancia.
Resulta particularmente revelador que, mientras La Habana invita a nuevos inversionistas a participar en el negocio petrolero, continúe enfrentando litigios por activos del mismo sector confiscados décadas atrás.
Es una contradicción que merece una explicación.
¿Cómo puede un Estado convencer a nuevos inversionistas de que respetará sus propiedades cuando todavía mantiene sin resolver importantes reclamaciones históricas?
La apertura de los años noventa: cuando el régimen también necesitaba sobrevivir
La nueva política económica tiene antecedentes.
Después del derrumbe de la Unión Soviética, Cuba perdió una parte fundamental del respaldo económico que había sostenido su sistema.
Durante el llamado Período Especial, el Gobierno de Fidel Castro permitió determinadas actividades privadas, amplió espacios para la inversión extranjera y desarrolló asociaciones con empresas internacionales, especialmente en el turismo.
Aquellas decisiones no significaron el abandono del monopolio político del Partido Comunista.
Fueron medidas económicas adoptadas en circunstancias extraordinarias.
La diferencia es fundamental: permitir inversiones privadas no equivale necesariamente a garantizar una economía libre.
Una verdadera economía de mercado necesita reglas estables, derechos de propiedad protegidos, contratos exigibles y mecanismos judiciales confiables para resolver conflictos.
Cuba puede permitir la entrada de capital extranjero y, al mismo tiempo, conservar un modelo en el que las decisiones fundamentales dependan del poder político.
De ahí que las reformas actuales deban evaluarse no solamente por lo que autorizan, sino también por lo que siguen prohibiendo.
El petróleo, la desesperación energética y la necesidad de divisas
La situación económica cubana ayuda a explicar la urgencia de estas medidas.
La Isla enfrenta una grave escasez de combustible, dificultades para generar electricidad y un deterioro prolongado de su infraestructura energética.
El Gobierno atribuye buena parte de estas dificultades a las sanciones estadounidenses y a las restricciones sobre el suministro de petróleo.
Pero también existen problemas estructurales internos: instalaciones envejecidas, insuficiencia de inversiones, baja productividad y décadas de centralización económica.
La agencia Reuters informó este mismo lunes sobre declaraciones del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, relacionadas con las dificultades de abastecimiento y los planes energéticos del país.
La apertura petrolera tiene, por tanto, una lógica económica reconocible.
La Habana necesita financiamiento, tecnología, combustible y divisas que el aparato estatal no ha conseguido generar en cantidades suficientes.
Lo que todavía está por demostrarse es si está dispuesta a aceptar las obligaciones que acompañan a una inversión privada auténticamente protegida.
Porque una cosa es necesitar capital y otra muy distinta aceptar límites efectivos al poder del Estado sobre ese capital.
La Ley Helms-Burton: un obstáculo que La Habana no puede ignorar
La legislación estadounidense constituye otro elemento decisivo.
La Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, establece mecanismos para reclamar responsabilidades por determinadas actividades comerciales vinculadas a propiedades confiscadas por el Gobierno cubano.
Su Título III permite, bajo las condiciones establecidas por la ley, que ciudadanos estadounidenses con reclamaciones sobre propiedades confiscadas demanden a determinadas personas o empresas que se beneficien de esos bienes.
Esto introduce un riesgo adicional para inversionistas internacionales.
Antes de comprometer capital en instalaciones petroleras, puertos, terrenos industriales o infraestructura cubana, cualquier compañía debería investigar si esos activos están relacionados con reclamaciones de antiguos propietarios.
La legislación estadounidense no prohíbe automáticamente toda inversión extranjera en Cuba, pero puede complicar considerablemente determinados proyectos.
Por eso, anunciar nuevas oportunidades comerciales no basta.
Es necesario ofrecer transparencia sobre la titularidad de los activos, los derechos de los inversionistas y los mecanismos para resolver controversias.
¿Una estrategia para conseguir que Washington reduzca la presión?
Aquí aparece la dimensión política de la nueva apertura.
Las autoridades cubanas podrían utilizar estas reformas para argumentar internacionalmente que el país está cambiando y que, por tanto, Estados Unidos debería revisar determinadas sanciones.
Esa es una interpretación plausible de los incentivos políticos del Gobierno, pero no debe confundirse con una intención demostrada por documentos oficiales.
El régimen puede tener simultáneamente varios objetivos: aliviar la crisis energética, captar divisas, atraer tecnología y mejorar su posición diplomática.
El punto central es determinar si esos cambios representan una transformación duradera o una adaptación limitada para preservar el sistema.
La Administración de Donald Trump, con Marco Rubio al frente del Departamento de Estado, tiene ante sí un escenario en el que cualquier eventual flexibilización tendría que evaluarse considerando tanto las reformas anunciadas como su aplicación real.
Hasta ahora, las nuevas normas petroleras no constituyen por sí mismas evidencia de una negociación exitosa con Washington ni de una decisión estadounidense de suavizar las sanciones.
Cinco preguntas que el Gobierno cubano debería responder
Antes de presentar esta apertura como una transformación económica, La Habana debería aclarar asuntos esenciales:
- ¿Quién garantiza que una empresa privada no será intervenida o expropiada arbitrariamente? ¿Qué indemnización recibiría y cómo se calcularía?
- ¿Podrán los inversionistas acudir a un arbitraje internacional independiente? ¿Qué ocurriría si el Gobierno incumple sus compromisos?
- ¿Qué propiedades e instalaciones se ofrecen a los nuevos inversionistas? ¿Existe algún vínculo con bienes confiscados después de 1959?
- ¿Podrán los empresarios contratar, administrar sus operaciones, importar insumos y disponer de sus beneficios sin interferencias arbitrarias?
- ¿Se comprometerá el Estado a mantener reglas estables, incluso cuando las condiciones económicas mejoren?
Las respuestas permitirían distinguir una reforma genuina de una apertura condicionada a las necesidades inmediatas del poder.
La conclusión: el capital privado no convierte automáticamente a un régimen en capitalista
La advertencia formulada durante aquella conversación entre periodistas cubanos retirados no puede descartarse como una simple expresión de desconfianza política.
Detrás de ella existe una experiencia histórica que incluye confiscaciones, reclamaciones internacionales y reformas económicas adoptadas en momentos de crisis.
Pero tampoco sería riguroso asegurar, sin pruebas adicionales, que cada nuevo proyecto de inversión terminará expropiado o que todos los inversionistas serán víctimas de persecución.
Lo que sí puede afirmarse es que el Gobierno cubano está solicitando confianza económica sin haber resuelto completamente las consecuencias de sus anteriores confiscaciones.
Esa es la verdadera contradicción de la apertura anunciada este lunes.
Durante más de seis décadas, el poder político ha defendido un modelo que limita profundamente la iniciativa económica independiente. Ahora necesita empresarios privados para financiar actividades que el Estado no logra sostener adecuadamente.
La cuestión no es si Cuba necesita inversión. Evidentemente la necesita.
La cuestión es si quienes gobiernan están dispuestos a ofrecer las garantías jurídicas y económicas que esa inversión requiere.
Y hay una pregunta todavía más importante para los cubanos: ¿los beneficios de estos negocios llegarán a la población o quedarán concentrados en estructuras empresariales vinculadas al poder?
La Habana puede abrir las puertas al dinero privado sin abrir las puertas a la libertad económica.
Mientras no exista una separación efectiva entre las decisiones políticas y los derechos de los propietarios, cualquier apertura seguirá enfrentando un problema fundamental de credibilidad.
Porque la confianza de un inversionista no se construye solamente con decretos publicados en la Gaceta Oficial.
Se construye respetando contratos, protegiendo propiedades y respondiendo ante tribunales independientes.
Y esa es, precisamente, la prueba que el Gobierno cubano todavía tiene pendiente.
FUENTES CONSULTADAS Y DOCUMENTACIÓN
- 14ymedio, 12 de octubre de 2026. Información sobre las nuevas normas del sector petrolero.
- Agencia EFE. Alcance y entrada en vigor de las disposiciones.
- Departamento de Justicia de Estados Unidos. Registro oficial de reclamaciones por confiscaciones.
- Corte Suprema de Estados Unidos. Decisión de 2026 en el caso ExxonMobil contra Corporación CIMEX.
- Texto de la Ley Helms-Burton. Marco legal sobre propiedades confiscadas.
