En Estados Unidos un republicano puede apoyar al presidente y, al mismo tiempo, decirle que está equivocado en una política determinada. Eso no significa que haya abandonado su partido ni que se haya convertido en demócrata. Significa, sencillamente, que existe la libertad de disentir.

Miami, Reporta.news— El anuncio de apenas 30 segundos que María Elvira Salazar publicó este jueves ha provocado un verdadero terremoto político en Miami.

La congresista republicana por Florida se dirigió directamente al presidente Donald Trump para advertirle que algunas de sus medidas de control migratorio “han ido demasiado lejos” y le pidió que tuviera cuidado con los consejos que está recibiendo sobre inmigración.

Salazar también afirmó que muchos de los hispanos que ayudaron a Trump a regresar a la Casa Blanca en 2024 se sienten hoy decepcionados. En el anuncio, grabado en inglés y español frente a la Casa Blanca, la congresista señaló además que, según los datos que cita, aproximadamente la mitad de las personas detenidas por ICE en julio no tenían antecedentes penales ni cargos pendientes.

Pero, la republicana de Florida comentó ayer domingo en el programa “Face The Nation” de CBS que tuvo una “muy buena conversación” con el presidente tras publicar el jueves un anuncio de campaña con su alarmante mensaje de que “algunos de sus labores por controlar la inmigración han ido demasiado lejos”.

“Fue un caballero, muy cortés, muy receptivo”, dijo Salazar el domingo, y agregó que le dijo a Trump: “Tienes este momento histórico en el que puedes quedarte con el tesoro que trajiste al Partido Republicano en 2024”.

La reacción no se hizo esperar.

Algunos medios y sectores políticos han presentado el mensaje como una ruptura de Salazar con Trump. Pero discrepar de un presidente no equivale necesariamente a retirarle el apoyo político.

Ese es precisamente uno de los elementos que diferencian al sistema político estadounidense de los regímenes de partido único.

En una democracia como la estadounidense, un legislador republicano puede votar con su presidente en numerosas ocasiones, respaldar su agenda económica, apoyar el fortalecimiento de la frontera y, sin embargo, considerar que determinadas acciones migratorias necesitan ser modificadas.

No existe una obligación constitucional de obedecer una “línea del partido” en cada asunto.

LAS LEYES DEBEN CUMPLIRSE, PERO TAMBIÉN EXISTE UN DEBATE SOBRE CÓMO HACERLAS CUMPLIR

El debate migratorio tampoco debería reducirse a una falsa disyuntiva entre “fronteras abiertas” y “deportaciones indiscriminadas”.

Trump hizo de la seguridad fronteriza y de las deportaciones masivas uno de los principales temas de su campaña presidencial de 2024. Su administración ha convertido nuevamente la aplicación de las leyes migratorias en una prioridad.

Y existe un argumento que muchos estadounidenses consideran fundamental: las leyes no pueden ser opcionales.

Si una persona cruza ilegalmente la frontera, las autoridades tienen la responsabilidad de hacer cumplir las leyes migratorias. Pero eso no significa que todos los inmigrantes indocumentados tengan la misma situación jurídica, el mismo historial o la misma prioridad para las autoridades.

Hay personas que cometieron delitos graves. Hay otras que ingresaron ilegalmente, pero posteriormente han trabajado, formado familias y construido una vida en Estados Unidos sin haber sido acusadas de otros delitos.

Esa diferencia es precisamente una de las cuestiones que está provocando el actual debate dentro del Partido Republicano.

¿SEGURIDAD O DIGNIDAD?

La propia Salazar ha intentado establecer esa distinción.

En su mensaje, dejó claro que no estaba hablando de conceder una amnistía general, sino de proporcionar una “vida digna” a determinados inmigrantes.

Su posición tampoco aparece de la nada.

Durante años, la congresista ha promovido una reforma migratoria bipartidista conocida como Dignity Act, que contempla un programa de trabajo para inmigrantes indocumentados que llevan tiempo en Estados Unidos, junto con mecanismos de protección y aplicación de la ley.

Por tanto, su desacuerdo actual con determinados aspectos de la política migratoria de Trump forma parte de una posición que ya había defendido anteriormente.

EL PUNTO MÁS DELICADO: ¿A QUIÉN SE ESTÁ DEPORTANDO?

Aquí está probablemente el centro de la discusión.

La promesa de deportaciones masivas fue interpretada por muchos estadounidenses como una política dirigida fundamentalmente contra inmigrantes que habían cometido delitos.

Pero la política migratoria federal no se limita exclusivamente a personas con antecedentes criminales.

La aplicación de las leyes migratorias también puede alcanzar a personas que carecen de estatus legal aunque no hayan cometido otros delitos.

Ese hecho explica por qué la política de deportaciones está generando un debate tan intenso dentro del propio Partido Republicano.

Para unos, la ausencia de antecedentes criminales no elimina la obligación de hacer cumplir las leyes migratorias.

Para otros, el gobierno debería concentrar sus recursos y prioridades en quienes representan una amenaza para la seguridad pública, mientras busca alternativas para quienes llevan muchos años viviendo y trabajando legalmente en la práctica, aunque carezcan de estatus migratorio.

No son necesariamente posiciones incompatibles con defender una frontera segura.

¿Y MARÍA ELVIRA SALAZAR?

La congresista no ha anunciado que abandone al Partido Republicano ni ha dicho que haya dejado de apoyar a Donald Trump en términos generales.

Lo que hizo fue algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, muy estadounidense:

le dijo públicamente al presidente que, en materia de inmigración, considera que algunas de sus medidas han ido demasiado lejos.

Eso puede generar una enorme controversia política, especialmente porque Salazar busca su reelección en un distrito de Miami donde aproximadamente el 74% de los habitantes son hispanos.

Pero convertir automáticamente una discrepancia en una “traición” al presidente supone ignorar cómo funciona el sistema político estadounidense.

En Washington, los presidentes cambian, los congresos cambian y las posiciones de los legisladores también pueden evolucionar.

Un republicano puede apoyar a Trump.

Puede votar con Trump.

Puede defender muchas de sus políticas.

Y también puede decirle:

“Presidente, en esto creo que está equivocado.”

Eso no convierte automáticamente a ese republicano en demócrata.

LA PREGUNTA QUE QUEDA ABIERTA

El verdadero debate para los republicanos de Miami no es solamente si hay que controlar la frontera.

En eso existe un amplio consenso entre quienes consideran que Estados Unidos tiene derecho a controlar quién entra al país.

La discusión más difícil es otra:

¿Cómo se puede hacer cumplir la ley migratoria con firmeza sin tratar de la misma manera al delincuente peligroso y al inmigrante que lleva años trabajando, pagando impuestos y criando a sus hijos en Estados Unidos?

Trump tiene una respuesta.

María Elvira Salazar está planteando otra.

Y ambas posiciones pueden debatirse dentro del mismo Partido Republicano.

Porque una cosa es obedecer una dictadura donde disentir puede significar perder el poder, la libertad o incluso algo mucho peor.

Y otra muy diferente es formar parte de un sistema democrático donde un congresista tiene el derecho —y la responsabilidad— de decirle incluso al presidente de su propio partido que considera equivocada una determinada política.

NOTA DE LA REDACCION: En Estados Unidos, discrepar no es necesariamente traicionar. A veces, simplemente significa ejercer la libertad política que precisamente distingue a una democracia.

FOTO:  Cortesia de Cuba en Miami