Miami, Reporta.news— La Administración del presidente Donald Trump anunció en las últimas horas una nueva ronda de sanciones dirigidas contra entidades estatales cubanas vinculadas al conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), así como contra una persona relacionada con la familia Castro, en lo que representa una nueva escalada en la política de presión de Washington sobre el régimen de La Habana.

Las medidas forman parte de la ofensiva iniciada tras la firma de la Orden Ejecutiva 14404 el pasado 1 de mayo, mediante la cual la Casa Blanca reafirmó su compromiso de impedir que recursos financieros provenientes del exterior continúen fortaleciendo las estructuras económicas controladas por las Fuerzas Armadas cubanas.

Según informó el gobierno estadounidense, las nuevas sanciones buscan aislar económicamente a sectores considerados pilares fundamentales del sistema político cubano, especialmente aquellos administrados por GAESA, el poderoso conglomerado empresarial que controla buena parte de la economía de la isla, incluyendo el turismo, el comercio minorista, las remesas, las zonas francas, la infraestructura portuaria y numerosas empresas estratégicas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, publicó en X: “Hoy he sancionado a nuevas entidades de la red de Gaesa vinculadas tanto al movimiento de sus fondos como a la gestión de sus activos físicos, así como a entidades responsables de explotar las reservas minerales y metálicas de Cuba para obtener beneficios ilícitos”.

Analistas consideran que la decisión responde a la convicción de la Administración Trump de que los ingresos generados por estas entidades no benefician directamente al pueblo cubano, sino que sirven para sostener el aparato represivo del Estado y garantizar la permanencia del Partido Comunista en el poder.

Las autoridades estadounidenses también señalaron que las sanciones alcanzan a una persona vinculada a la familia Castro, aunque no ofrecieron inicialmente detalles adicionales sobre el alcance específico de las restricciones. La inclusión de individuos cercanos al círculo histórico del poder en Cuba constituye un mensaje político de gran significado, orientado a responsabilizar personalmente a quienes Washington considera beneficiarios directos del sistema económico estatal.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la política hacia Cuba ha retomado el enfoque de máxima presión implementado durante su primer mandato. La nueva estrategia incluye restricciones financieras, limitaciones de viajes, sanciones individuales y un reforzamiento de las acciones destinadas a reducir las fuentes de ingresos del régimen.

El gobierno cubano reaccionó calificando las medidas de “agresivas” y acusó a Washington de intentar asfixiar económicamente al país. Sin embargo, sectores de la oposición y del exilio cubano consideran que las sanciones son necesarias para debilitar la estructura financiera que sostiene al sistema político en la isla.

Además de las empresas, en las sanciones figura también a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa del general Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, quien también fue sancionado a inicios de junio.

La nueva ronda de sanciones se produce en un contexto particularmente delicado para Cuba, marcada por una profunda crisis económica, prolongados apagones, escasez de alimentos y medicinas, una inflación descontrolada y un creciente descontento social que ha provocado protestas en distintas regiones del país.

Para numerosos observadores, el endurecimiento de la política estadounidense podría aumentar aún más la presión sobre un gobierno que enfrenta uno de los momentos más complejos desde el colapso de la Unión Soviética, mientras la población cubana continúa soportando las consecuencias de una crisis que parece no tener una solución inmediata.

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