Una investigación periodística revela los vínculos del fundador de Cuban Americans for Cuba con funcionarios del régimen comunista y con una institución cubana posteriormente sancionada por Washington. La organización busca influir en el Congreso estadounidense para modificar la política hacia La Habana.

Miami, Reporta.news— Mientras la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio mantienen una política de presión económica y diplomática sobre el gobierno comunista de Cuba, una nueva organización integrada por cubanoamericanos ha comenzado a visitar el Congreso de Estados Unidos con un objetivo muy diferente: conseguir el levantamiento de las sanciones económicas y promover un acercamiento entre Washington y La Habana.

La organización, denominada Cuban Americans for Cuba (CA4C), ha realizado gestiones ante legisladores y sus equipos en el Capitolio desde abril de 2026, según una investigación publicada el 9 de octubre por el periódico estadounidense Washington Examiner.

Sin embargo, lo que ha despertado especial atención no es solamente su actividad política, sino los antecedentes de su fundador, Danny Valdes, quien participó en un viaje a Cuba durante el cual sostuvo encuentros con importantes figuras del aparato gubernamental cubano, incluido Miguel Díaz-Canel.

La investigación señala que aquella visita fue organizada con la participación de una institución estatal cubana vinculada a actividades de solidaridad internacional, cuyos principales dirigentes fueron posteriormente sancionados por Estados Unidos.

Un viaje a Cuba que plantea interrogantes

Los antecedentes de Valdes se remontan a octubre de 2023, cuando viajó a La Habana como integrante de una delegación vinculada al Comité Internacional de los Socialistas Democráticos de América (DSA).

En una publicación personal titulada The Cuba Diaries, fechada el 9 de noviembre de 2023 y posteriormente retirada de internet, Valdes relató los encuentros mantenidos durante aquella visita.

Entre ellos figuró una reunión con Miguel Díaz-Canel, a la que el propio Valdes atribuyó importancia por el reconocimiento que representaba para su organización y por la posibilidad de colaborar en los esfuerzos para poner fin al embargo estadounidense.

La delegación también tuvo contacto con figuras vinculadas al poder cubano, entre ellas Fernando González Llort, antiguo integrante de la Red Avispa, condenado en Estados Unidos por actividades de espionaje y posteriormente regresado a Cuba.

Otro aspecto que ha llamado la atención es que, mientras millones de cubanos enfrentan dificultades económicas, los integrantes de aquella delegación se alojaron en el hotel de lujo Grand Aston Havana, establecimiento de cinco estrellas situado en la capital cubana.

Estos antecedentes fueron examinados también por el New York Post en una información publicada este domingo.

La conexión con una institución sancionada por Washington

Uno de los elementos más relevantes del caso es la relación de aquel viaje con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), institución que durante décadas ha organizado intercambios y contactos con organizaciones extranjeras.

El 20 de agosto de 2026, el Departamento de Estado anunció sanciones contra dirigentes de ese organismo, incluido su presidente Fernando González Llort, además de otras personas y entidades vinculadas al gobierno cubano.

Washington sostiene que el ICAP ha sido utilizado para desarrollar redes de influencia política y actividades favorables a los intereses del gobierno de La Habana.

El gobierno cubano rechaza esas acusaciones y presenta sus actividades internacionales como iniciativas de solidaridad y cooperación entre pueblos.

La coincidencia entre los contactos de Valdes con ese entorno institucional y sus posteriores gestiones ante el Congreso plantea preguntas sobre el alcance de las relaciones establecidas durante su visita.

Es importante distinguir, sin embargo, entre una relación documentada y una acusación de actuación clandestina: hasta el momento, las informaciones consultadas no demuestran que Cuban Americans for Cuba reciba instrucciones, financiamiento o control directo del gobierno cubano.

Visitas al Capitolio para cambiar la política hacia Cuba

La actividad de Cuban Americans for Cuba no se ha limitado a declaraciones públicas.

El pasado 1 de octubre, la organización convocó una jornada de gestiones políticas en el Capitolio, denominada CA4C Lobby Day, con el propósito de reunirse con senadores, representantes y miembros de sus equipos.

En su convocatoria, el grupo sostuvo que el Congreso ha escuchado durante demasiado tiempo a un sector de la comunidad cubanoamericana partidario de mantener una política firme contra La Habana.

La organización afirma representar a cubanoamericanos que desean relaciones bilaterales basadas en la prosperidad compartida y considera que las sanciones perjudican a las familias que permanecen en la isla.

Estas posiciones contrastan con las de organizaciones del exilio que consideran que eliminar las sanciones sin exigir reformas democráticas podría fortalecer económicamente al aparato gubernamental cubano.

Los registros públicos consultados no muestran declaraciones federales recientes de cabildeo bajo el nombre de Cuban Americans for Cuba. Esto no significa necesariamente que sus visitas al Congreso sean irregulares: determinadas actividades de defensa de políticas públicas no requieren inscripción como cabildeo federal.

Rubio y Trump mantienen la presión sobre La Habana

Las actividades de esta organización se producen en un momento especialmente delicado para las relaciones entre Washington y La Habana.

La administración Trump ha endurecido las restricciones económicas y financieras, mientras el Departamento de Estado insiste en que cualquier transformación significativa de Cuba debe incluir cambios políticos y garantías de libertades.

El secretario de Estado Marco Rubio ha cuestionado públicamente las actividades internacionales del ICAP y su utilización, según Washington, como instrumento de influencia del gobierno cubano.

Por su parte, las autoridades de La Habana sostienen que las sanciones estadounidenses constituyen una forma de presión económica contra la población.

En una entrevista concedida a Reuters el pasado 5 de octubre, la representante diplomática cubana en Washington, Lianys Torres Rivera, confirmó que ambos gobiernos mantienen canales de comunicación, aunque aclaró que no existen negociaciones formales en marcha.

La diplomática reiteró además que el gobierno cubano no está dispuesto a negociar cambios en su sistema político, posición que constituye uno de los principales obstáculos para un acercamiento con Estados Unidos.

Las preguntas que quedan pendientes

Las revelaciones sobre Cuban Americans for Cuba plantean varios interrogantes de interés público.

¿Quién financia las actividades y los desplazamientos de la organización? ¿Qué legisladores han recibido a sus representantes? ¿Qué relación mantienen actualmente sus dirigentes con los funcionarios cubanos conocidos durante las visitas a La Habana? ¿Existen mecanismos para garantizar la transparencia de esas relaciones?

Estas preguntas merecen respuestas documentadas, especialmente cuando las gestiones buscan modificar una política exterior que afecta tanto a la comunidad cubanoamericana como a los residentes de la isla.

Al mismo tiempo, debe reconocerse que defender el levantamiento del embargo constituye una posición política legítima en Estados Unidos. Las reuniones con legisladores y los viajes autorizados a Cuba no representan, por sí mismos, pruebas de colaboración ilícita con un gobierno extranjero.

Una nueva controversia para el exilio cubano

Para la comunidad cubana del sur de Florida, la controversia tiene una dimensión que trasciende las visitas al Capitolio.

El debate de fondo es si un alivio de las sanciones estadounidenses contribuiría a mejorar las condiciones de vida de la población cubana o si, por el contrario, permitiría al gobierno obtener recursos sin realizar transformaciones políticas fundamentales.

Quienes defienden una normalización de relaciones argumentan que el aislamiento económico ha perjudicado durante décadas a las familias cubanas.

Sus críticos responden que la concentración del poder económico y político en manos del Estado limita las posibilidades de que una apertura comercial se traduzca en mayores libertades para los ciudadanos.

La aparición de Cuban Americans for Cuba introduce un nuevo actor en esa discusión, con contactos documentados con figuras de alto nivel del gobierno cubano y una agenda pública orientada a modificar las sanciones estadounidenses.

Para Reporta.news, el aspecto que merece seguimiento periodístico es la transparencia de esos contactos, el origen de los recursos de la organización y el contenido concreto de sus gestiones ante el Congreso.

Porque una cosa es defender públicamente un cambio de política hacia Cuba y otra, muy diferente, sería actuar bajo instrucciones de un gobierno extranjero sin cumplir las obligaciones legales correspondientes. Hasta ahora, no se ha demostrado que este último supuesto se aplique a la organización.

La pregunta central permanece abierta: ¿puede Washington avanzar hacia una normalización económica con La Habana mientras el propio gobierno cubano mantiene fuera de discusión cualquier transformación de su sistema político?

Fuentes consultadas por Reporta.news: Investigación de Hudson Crozier para Washington Examiner (9 de octubre de 2026); New York Post (11 de octubre de 2026); Departamento de Estado de Estados Unidos (20 de agosto de 2026); convocatoria pública de Cuban Americans for Cuba (1 de octubre de 2026); Reuters (5 de octubre de 2026).

FOTO: Reporta.news  S.I.