Investigación reporta.news | parte 2 de 2

 

MIAMI, Reporta.news— Detrás de la demanda que enfrenta a Expedia Group en un tribunal federal de Miami existe una historia que comenzó mucho antes de que existieran Expedia, Hotels.com, Orbitz o siquiera la industria turística moderna de Cayo Coco.

Es la historia de una familia cubana que sostiene que sus antepasados fueron propietarios de terrenos en la isla de Cayo Coco y que el gobierno revolucionario de Fidel Castro confiscó esas tierras después de 1959.

Más de seis décadas después, uno de sus descendientes, Mario Echevarría, pretende utilizar una de las herramientas jurídicas más poderosas creadas por Estados Unidos para enfrentar las consecuencias de las confiscaciones cubanas: el Título III de la Ley Helms-Burton.

Su argumento es tan sencillo como explosivo: si una propiedad fue confiscada por el régimen cubano y posteriormente utilizada para desarrollar hoteles, las empresas que comercialicen habitaciones y obtengan beneficios de esas instalaciones podrían estar traficando con la propiedad confiscada.

Y entre esas empresas aparece una de las mayores compañías de viajes del mundo: Expedia Group.

Una propiedad familiar antes de Castro

Según los documentos judiciales, la reclamación de la familia Echevarría se remonta al siglo XIX.

La familia sostiene que su antepasado Julián Cuevas adquirió derechos sobre Cayo Coco y que, mediante sucesivas transmisiones hereditarias y operaciones legales, la propiedad pasó de generación en generación.

Los tribunales han tenido que estudiar precisamente esa cadena de propiedad porque la existencia de una confiscación no es suficiente para ganar una demanda Helms-Burton.

El demandante debe demostrar que tenía un derecho legítimo sobre la propiedad confiscada.

En el expediente federal, Echevarría sostiene que la cadena sucesoria de su familia se prolongó hasta llegar a él y que una participación de aproximadamente 12,5% de Cayo Coco terminó en sus manos.

Pero hay un detalle jurídico fundamental: la Ley Helms-Burton establece requisitos específicos sobre quién puede reclamar y cuándo adquirió su derecho.

Por eso, la fecha de las muertes de determinados miembros de la familia y la forma en que se transmitieron los derechos hereditarios se convirtió en uno de los elementos centrales del litigio.

El 16 de agosto de 1960

La familia afirma que el gobierno cubano confiscó Cayo Coco el 16 de agosto de 1960.

A partir de entonces comenzó otra historia.

El gobierno revolucionario convirtió el territorio en parte de su estrategia de desarrollo turístico y, con el paso de los años, construyó infraestructura y hoteles que transformaron completamente el paisaje de la isla.

En documentos judiciales, los demandantes identifican como propiedades afectadas por la confiscación aquellas donde posteriormente fueron construidos hoteles como el Pullman Cayo Coco, Iberostar Mojito e Iberostar Colonial.

La paradoja es evidente.

La familia reclama una propiedad que existía antes de la revolución.

El Estado cubano la confiscó.

Décadas después, el régimen convirtió parte de ella en uno de los destinos turísticos más conocidos de Cuba.

Y finalmente compañías internacionales comenzaron a vender habitaciones de esos hoteles a turistas de todo el mundo.

De la confiscación al turismo internacional

Aquí es donde entra Expedia.

Según la demanda, las plataformas vinculadas a Expedia ofrecieron y comercializaron reservas en los hoteles construidos sobre los terrenos reclamados por la familia.

Para los demandantes, eso no constituye una simple operación turística.

Su interpretación es que esas empresas estaban obteniendo un beneficio económico mediante el uso de una propiedad que había sido confiscada.

La Ley Helms-Burton define como “tráfico” determinadas actividades comerciales realizadas con conocimiento e intención utilizando o beneficiándose de una propiedad confiscada sin autorización del estadounidense que posee el derecho sobre ella.

Y esa palabra —conocimiento— se convirtió en uno de los principales campos de batalla.

¿Cuándo supo Expedia que existía una reclamación?

Los documentos del litigio contienen un elemento particularmente interesante.

Durante el proceso anterior, abogados de la familia Echevarría intentaron demostrar que las compañías de viajes tenían suficientes elementos para saber que existían reclamaciones sobre las propiedades.

El expediente señala que un empleado de Expedia declaró que la compañía no había solicitado al gobierno cubano documentación sobre la titularidad de los hoteles y que el equipo tampoco había considerado específicamente Helms-Burton al ofrecer servicios de reservas en Cuba.

También apareció evidencia de que miembros del equipo tenían alertas relacionadas con determinadas publicaciones sobre Cuba.

Una de esas publicaciones, fechada en junio de 2019, informaba sobre demandas relacionadas con la familia Angulo Cuevas y los hoteles ubicados en Cayo Coco.

El tribunal concluyó que ese material, por sí solo, no demostraba conocimiento suficiente, pero consideró que existía una cuestión que debía ser resuelta: si la falta de investigación ante circunstancias que podían haber alertado a las compañías podía constituir una forma de “ceguera deliberada”.

Ese concepto puede resultar crucial.

Porque la defensa de Expedia sostiene esencialmente que no puede responsabilizarse a una empresa por algo que no sabía.

Los demandantes intentan demostrar que, llegado determinado momento, la empresa no podía razonablemente seguir alegando ignorancia.

El mapa de los hoteles

La controversia no gira alrededor de un único establecimiento.

En los procesos judiciales relacionados con Echevarría aparecen tres hoteles:

• Pullman Cayo Coco
• Iberostar Mojito
• Iberostar Colonial

La familia sostiene que esos establecimientos están construidos sobre terrenos que formaban parte de la propiedad confiscada.

Los procesos originales incluso fueron divididos en función de los hoteles involucrados: uno de ellos relacionado con el Pullman Cayo Coco y otro con el Iberostar Mojito y el Iberostar Colonial.

La acusación contra las compañías de viajes no consiste en que ellas hayan construido los hoteles.

La acusación es que los comercializaron.

Esa diferencia es fundamental para entender la batalla jurídica.

Una cadena de herencia que el tribunal tuvo que reconstruir

Uno de los aspectos más extraordinarios del proceso ha sido la necesidad de reconstruir una cadena de propiedad que se remonta a generaciones anteriores a la revolución.

El tribunal tuvo que considerar cuestiones de derecho cubano, documentos históricos y opiniones de expertos para determinar cómo se transmitieron los derechos sobre Cayo Coco.

En el proceso se discutió incluso si la propiedad había sido adquirida originalmente por el antepasado de Echevarría mediante procedimientos sucesorios y cómo posteriormente pasó a otros miembros de la familia.

La defensa cuestionó la capacidad de los demandantes para demostrar que efectivamente habían heredado los derechos que alegaban.

Es decir, antes de llegar a Expedia, el caso obligó al tribunal estadounidense a adentrarse en una pregunta mucho más antigua:

¿Quién era realmente propietario de Cayo Coco antes de la confiscación revolucionaria?

El gobierno cubano contra los propietarios originales

Los documentos judiciales también reflejan otro episodio importante.

Los expertos de las partes han discutido qué legislación cubana produjo jurídicamente la confiscación de Cayo Coco.

Uno de los expertos citado en el expediente sostiene que la confiscación se produjo mediante la Segunda Ley de Reforma Agraria, que nacionalizó determinadas extensiones de tierras privadas.

También se ha discutido una resolución del Ministerio de Justicia cubano de 1993 y su posterior registro en el Registro de la Propiedad de Morón.

Es decir, incluso décadas después de la revolución, el propio Estado cubano produjo documentos reconociendo la adquisición estatal de la propiedad.

Y entonces aparece la Ley Helms-Burton

Aquí está la razón por la que este caso ha llegado a un tribunal federal de Miami.

La Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, creó una vía para que ciudadanos estadounidenses que poseen determinados derechos sobre propiedades confiscadas por Cuba puedan demandar a quienes trafiquen con ellas.

Durante décadas, el Título III permaneció suspendido por sucesivas administraciones estadounidenses.

Pero en 2019 la administración de Donald Trump permitió finalmente que esas demandas comenzaran a presentarse.

Eso abrió la puerta a una nueva generación de litigios contra compañías internacionales que habían desarrollado actividades comerciales relacionadas con propiedades confiscadas.

Y Cayo Coco se convirtió en uno de esos escenarios.

El primer gran choque judicial

La batalla entre Echevarría y Expedia llegó a un momento extraordinario en abril de 2025.

Un jurado federal encontró que Cuba había confiscado las propiedades en disputa y determinó que Expedia Group había traficado con ellas.

El veredicto estableció además 9,9 millones de dólares en daños, una cantidad que podía triplicarse bajo la legislación aplicable.

El propio formulario del veredicto muestra que el jurado respondió afirmativamente a las preguntas sobre confiscación y tráfico respecto de las propiedades Pullman, Mojito y Colonial.

Pero ese veredicto no fue el final de la historia.

El juez posteriormente dejó sin efecto el resultado, y el litigio continuó planteando cuestiones sobre la responsabilidad de Expedia Group y la evidencia presentada.

Eso demuestra la extraordinaria complejidad del caso.

Expedia Group versus sus subsidiarias

Otro elemento que puede parecer técnico pero que tiene enormes consecuencias es la estructura corporativa.

Expedia Group no es necesariamente la misma entidad que Expedia Inc., Hotels.com u Orbitz.

La propia compañía ha sostenido ante el tribunal que Expedia Group funciona como una sociedad holding y que determinadas operaciones fueron realizadas por subsidiarias.

El juez ha tenido que analizar si existe una relación jurídica suficiente entre la empresa matriz y las entidades que efectivamente ofrecieron las reservas.

En una decisión de 2025, el tribunal señaló que Expedia Group es la sociedad matriz y que determinadas actividades comerciales fueron realizadas por Expedia-WA y otras subsidiarias.

Esto plantea otra pregunta fundamental:

¿Puede una empresa matriz ser responsabilizada por operaciones realizadas por sus subsidiarias?

La respuesta dependerá de los hechos y de la relación jurídica que logren demostrar las partes.

La batalla no terminó

En febrero de 2025, Aureliano A. Echevarría y Maria Echevarría Ochoa presentaron una nueva demanda federal contra Expedia Group, Expedia Inc., Hotels.com GP, Hotels.com LP y Orbitz.

El expediente corresponde al caso 1:25-cv-20711, presentado en el Distrito Sur de Florida.

La nueva demanda demuestra que la disputa alrededor de Cayo Coco no desapareció con las decisiones anteriores.

En enero de 2026, Expedia volvió a intentar que el caso fuera desestimado, argumentando, entre otras cosas, que una simple afirmación de propiedad no era suficiente para poner a la compañía sobre aviso de una posible violación de Helms-Burton.

Por ahora, la batalla continúa.

Lo que está realmente en juego

Más allá de Expedia y de la familia Echevarría, este caso plantea una cuestión que podría afectar a muchas empresas internacionales.

Si un hotel extranjero está construido sobre una propiedad confiscada por el gobierno cubano, ¿qué ocurre con las empresas estadounidenses que comercializan habitaciones en ese hotel?

¿Son simplemente intermediarias?

¿O están obteniendo un beneficio económico de una propiedad confiscada?

Y, sobre todo:

¿Qué nivel de conocimiento debe tener una empresa para que su actividad sea considerada “tráfico” bajo Helms-Burton?

La respuesta podría determinar el futuro de numerosas demandas relacionadas con propiedades confiscadas en Cuba.

Una deuda de más de seis décadas

Para la familia Echevarría, el litigio representa mucho más que una disputa comercial.

Es el intento de recuperar, mediante los tribunales estadounidenses, el valor de una propiedad que aseguran que perteneció a su familia antes de que la revolución cubana la confiscara.

Para Expedia, en cambio, el caso representa un peligroso precedente: que una compañía dedicada a vender viajes pueda terminar enfrentando millones de dólares en responsabilidad por comercializar habitaciones de un hotel cuya historia de propiedad se remonta a décadas antes de que la empresa existiera.

Cayo Coco es hoy una de las vitrinas turísticas de Cuba.

Pero detrás de sus playas, hoteles y reservas internacionales existe una historia mucho más antigua.

Una historia de propiedades confiscadas.

De familias que abandonaron Cuba.

De herencias transmitidas de generación en generación.

Y ahora, de una batalla judicial en Miami que intenta determinar si esas propiedades pueden seguir generando dinero para terceros mientras sus antiguos propietarios —o sus descendientes— continúan reclamándolas.

La revolución confiscó las tierras. El régimen construyó los hoteles. Las compañías internacionales vendieron las habitaciones. Y ahora los tribunales estadounidenses deben decidir quién puede ser responsabilizado por los beneficios obtenidos durante todo ese proceso.

Reporta.news continuará investigando.

FOTO: Reporta.news AI