Miami, Reporta.news— El gobierno de Cuba asegura contar con el respaldo de casi siete millones de ciudadanos que han estampado su firma en apoyo al sistema político vigente. La cifra, presentada como prueba contundente de legitimidad, pretende cerrar cualquier debate sobre la voluntad popular en la isla. Sin embargo, más que despejar dudas, abre una pregunta inevitable: si ese apoyo es tan amplio y genuino, ¿por qué no someterlo al veredicto de unas elecciones libres, plurales y competitivas?

La historia reciente demuestra que los regímenes con verdadera confianza en su respaldo popular no temen a las urnas. Por el contrario, las buscan como mecanismo de validación interna y externa. En el caso cubano, el argumento oficial insiste en que su modelo cuenta con un apoyo masivo, pero ese respaldo no ha sido medido en condiciones que permitan la competencia política real, la observación internacional independiente ni la participación de opciones alternativas al partido único.

El problema no radica en la cifra en sí, sino en el contexto en que se obtiene. En sistemas donde el Estado controla la mayoría de las instituciones, los medios de comunicación y buena parte de la vida pública, la línea entre adhesión voluntaria y presión indirecta se vuelve difusa. Firmar puede ser un acto de convicción, pero también de supervivencia. Sin garantías de libertad plena de expresión y sin espacios para disentir sin consecuencias, cualquier ejercicio de respaldo pierde valor como indicador democrático.

La pregunta clave es sencilla, pero incómoda: si millones de cubanos respaldan al gobierno, ¿qué impediría que ese respaldo se traduzca en una victoria electoral contundente en un proceso transparente? Unas elecciones libres no solo confirmarían —o refutarían— esa afirmación, sino que también tendrían un impacto inmediato en la percepción internacional del país.

En particular, Estados Unidos ha condicionado históricamente buena parte de su política hacia Cuba a la situación de derechos políticos y civiles en la isla. Un proceso electoral abierto, con garantías reales, podría redefinir esa relación. No necesariamente implicaría el fin automático de sanciones o tensiones, pero sí eliminaría uno de los principales argumentos utilizados para justificar una postura dura hacia La Habana.

La negativa a dar ese paso, por tanto, resulta reveladora. Sugiere que el problema no es la falta de apoyo popular, sino el riesgo de ponerlo a prueba en condiciones donde el resultado no pueda ser controlado de antemano. En ese sentido, los siete millones de firmas funcionan más como una herramienta política que como una expresión verificable de la voluntad ciudadana.

En el mundo contemporáneo, la legitimidad no se proclama, se demuestra. Y la forma más directa de hacerlo sigue siendo la misma de siempre: permitir que los ciudadanos elijan, sin restricciones ni miedo, entre distintas opciones. Si el gobierno cubano está tan seguro de contar con el respaldo de su pueblo, las urnas deberían ser su mejor aliado, no su mayor temor.

Hasta que eso no ocurra, cualquier cifra —por impresionante que parezca— seguirá siendo eso: una afirmación difícil de comprobar y aún más difícil de creer.

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