Miami, Reporta.news— El régimen cubano ha vuelto a demostrar su capacidad para reorganizar sus estructuras empresariales con el propósito de esquivar las sanciones impuestas por Estados Unidos. La más reciente maniobra involucra a la Terminal de Contenedores Mariel S.A. (TCM), la empresa que opera el principal puerto comercial de la Isla y que hasta ahora formaba parte del poderoso conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa).

Según diversas informaciones, TCM ha transferido su patrimonio a Coral Marítima S.A., una entidad estatal adscrita al Grupo Empresarial Marítimo Portuario (Gemar), dependiente del Ministerio de Transporte. El movimiento no parece responder a una simple reestructuración administrativa, sino a una burla-estrategia cuidadosamente diseñada para sacar al puerto del Mariel del alcance directo de las sanciones estadounidenses.

Durante años, Gaesa ha sido objeto de sanciones por parte de Washington debido al control que ejercen las Fuerzas Armadas cubanas sobre amplios sectores de la economía nacional. El conglomerado militar controla hoteles, puertos, zonas francas, tiendas en divisas, empresas inmobiliarias y buena parte de las operaciones financieras del país, consolidándose como el verdadero corazón económico del régimen.

La Terminal de Contenedores del Mariel representa una infraestructura estratégica para Cuba. Por sus instalaciones pasa una parte significativa del comercio exterior de la Isla, incluyendo importaciones de alimentos, materias primas y bienes de consumo. Mantener el funcionamiento del puerto y facilitar las relaciones comerciales con empresas extranjeras es una prioridad absoluta para las autoridades cubanas.

La transferencia de activos a Coral Marítima S.A. podría interpretarse como un intento de presentar la operación del puerto bajo una entidad formalmente civil, desligada del entramado militar sancionado. Sin embargo, numerosos analistas sostienen que estos cambios de nombre y de estructura administrativa no alteran la realidad de fondo: el Estado comunista cubano continúa siendo el propietario absoluto de los activos estratégicos y el beneficiario final de los ingresos generados por estas operaciones.

No es la primera vez que La Habana recurre a este tipo de fórmulas. A lo largo de las últimas décadas, el régimen ha creado nuevas empresas, fusionado entidades o trasladado activos entre organismos estatales con el objetivo de reducir el impacto de las sanciones internacionales y facilitar las relaciones con inversionistas extranjeros.

Para Estados Unidos, el desafío consiste en determinar si estas reorganizaciones representan cambios reales en la estructura de propiedad o si constituyen simples operaciones cosméticas destinadas a eludir las restricciones vigentes. De confirmarse esta última hipótesis, Washington podría ampliar o actualizar sus listas de sanciones para incluir a las nuevas entidades involucradas.

Más allá de las disputas políticas entre ambos países, la maniobra revela una realidad innegable: la economía cubana continúa profundamente centralizada y bajo control estatal, mientras el régimen busca desesperadamente preservar las fuentes de ingresos en medio de una de las peores crisis económicas de las últimas décadas.

Sin embargo, un decreto firmado por Donald Trump el pasado 1de mayo amplió las sanciones estadounidenses sobre el comercio con Cuba para incluir a “cualquier persona extranjera” que opere en los sectores de “energía, defensa y material relacionado, metales y minería, servicios financieros o ‌seguridad de la economía cubana, o cualquier otro sector de la economía cubana”.

Las consecuencias de las sanciones comenzaron a sentirse pocas semanas después de su entrada en vigor. Dos de las mayores navieras del mundo, la francesa CMA CGM y la alemana Hapq-Lloyd, suspendieron en mayo sus servicios hacia Cuba. La decisión paralizó buena parte del tráfico internacional de mercancías y obligó a numerosos operadores a revisar o cancelar contratos. El nuevo traspaso parece encaminado a facilitar la reanudación de las operaciones al sacar la terminal del vínculo empresarial de Gaesa.

FOTO: Ciber Cuba