Miami, Reporta.news— El histórico proceso judicial que ha colocado nuevamente bajo escrutinio internacional al ex gobernante cubano Raúl Castro por el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996 no se limita únicamente al nombre del antiguo líder militar cubano. La acusación federal presentada en Estados Unidos también identifica a otros cinco coacusados: pilotos de combate cubanos que habrían participado directamente en la operación aérea que terminó con la muerte de cuatro cubanoamericanos en aguas internacionales. Año

Los restantes coacusados con Raul Castro son: Lorenzo Alberto Perez‑Perez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raul Simanca Cardenas y Luis Raul González‑Pardo Rodríguez.

De acuerdo con la acusación federal, estos oficiales de la Fuerza Aérea cubana habrían desempeñado un papel decisivo en la ejecución del operativo militar del 24 de febrero de 1996, cuando dos aeronaves civiles pertenecientes a Hermanos al Rescate fueron interceptadas y derribadas por cazas militares cubanos.

La tragedia dejó un saldo de cuatro víctimas mortales: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña, y Pablo Morales, todos pilotos y activistas cubanoamericanos que participaban en misiones humanitarias de búsqueda y rescate de balseros en el estrecho de Florida. El incidente provocó entonces una condena internacional y sirvió como catalizador para el endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra La Habana mediante la aprobación de la Ley Helms-Burton.

Según fuentes ligadas al proceso, la acusación busca establecer una cadena de mando y responsabilidad que no solo alcanzaría a quienes presuntamente autorizaron la operación desde la cúpula del poder cubano, sino también a quienes ejecutaron directamente la orden de abrir fuego contra aeronaves civiles desarmadas.

El Departamento de Justicia estadounidense ha dejado claro que el caso representa una deuda pendiente con las familias de las víctimas. El fiscal general adjunto Todd Blanche enfatizó el peso simbólico y legal de la investigación.

“Durante casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado justicia”, declaró Blanche. Y añadió un mensaje con fuerte contenido político:

“Mi mensaje hoy es claro: Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan ni olvidarán a sus ciudadanos”.

Las declaraciones reflejan la intención de la administración de convertir el caso en un precedente judicial sobre actos que Washington considera terrorismo de Estado y violaciones al derecho internacional.

Desde La Habana, la reacción no tardó en llegar. El actual mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó de plano la acusación presentada por el Departamento de Justicia, calificándola como una operación política promovida desde Washington.

Díaz-Canel aseguró que se trata de “una maniobra política, carente de fundamento legal”, cuyo propósito —según afirmó— sería reforzar una narrativa utilizada por sectores estadounidenses para justificar mayores presiones o incluso eventuales acciones agresivas contra la isla.

El gobernante cubano insistió además en que Cuba actuó bajo el principio de “legítima defensa”, sosteniendo que las avionetas habían violado espacio aéreo cubano y acusando a los ocupantes de estar vinculados con actividades hostiles contra el régimen.

La postura oficial cubana revive uno de los argumentos más controvertidos del caso: la afirmación de que los miembros de Hermanos al Rescate eran “notorios terroristas”, una narrativa que ha sido rechazada históricamente por familiares de las víctimas, organizaciones del exilio cubano y autoridades estadounidenses, quienes sostienen que se trató de civiles participando en operaciones humanitarias.

Para numerosos observadores, la inclusión de pilotos militares como coacusados representa un intento de documentar de manera más amplia las responsabilidades individuales en uno de los episodios más tensos de las relaciones entre Washington y La Habana tras el fin de la Guerra Fría.

Aunque muchos de los señalados permanecen fuera del alcance de la justicia estadounidense dentro de Cuba, el caso podría tener consecuencias legales internacionales, incluyendo restricciones de movilidad, sanciones adicionales y órdenes de captura si alguno de los acusados viaja fuera de la isla hacia países con tratados de cooperación judicial con Estados Unidos.

Tres décadas después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el expediente judicial vuelve a abrir heridas profundas tanto para las familias de las víctimas como para una comunidad cubanoamericana que durante años ha reclamado justicia por una tragedia que marcó la historia del exilio.

FOTO: Cortesia de Cubanos por el Mundo