Un estudio japonés advirtió hace 21 años sobre la vulnerabilidad sísmica de Caracas y La Guaira, pero las alertas quedaron sin respuesta

Miami, Reporta.news— En política suele repetirse que gobernar es prever. Sin embargo, la historia demuestra que algunos gobiernos prefieren ignorar las advertencias técnicas cuando estas exigen decisiones difíciles, inversiones importantes o cambios en sus prioridades. El caso del estudio japonés sobre la vulnerabilidad sísmica de Caracas y La Guaira es un ejemplo que hoy merece una profunda reflexión.

Entre 2002 y 2005, un equipo de especialistas japoneses, en colaboración con instituciones venezolanas, realizó una de las evaluaciones más completas sobre el riesgo sísmico en la capital venezolana y el litoral central. Sus conclusiones fueron contundentes: Caracas y La Guaira enfrentaban un elevado riesgo ante un terremoto de gran magnitud debido a la combinación de fallas geológicas activas, condiciones del suelo, crecimiento urbano desordenado y edificaciones que no cumplían con los estándares modernos de construcción antisísmica.

El informe fue entregado oficialmente en marzo de 2005 al entonces presidente Hugo Chávez. No era una simple investigación académica; era una hoja de ruta para prevenir una tragedia. Sin embargo, dos décadas después, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿qué hizo realmente el Estado venezolano con aquella información?

La respuesta parece ser desalentadora.

Las recomendaciones incluían reforzar hospitales, escuelas y edificios públicos, actualizar normas de construcción, desarrollar mapas de riesgo, crear planes de evacuación y educar a la población sobre cómo actuar durante un terremoto. Eran medidas destinadas a salvar vidas, no proyectos políticos sujetos a ideologías.

Pero Venezuela tomó otro camino.

Durante los años de mayor bonanza petrolera de su historia reciente, el país recibió cientos de miles de millones de dólares en ingresos. Fue una oportunidad excepcional para modernizar la infraestructura, fortalecer la protección civil y preparar a las ciudades frente a desastres naturales. En cambio, buena parte de esos recursos se destinó a proyectos políticos, programas de corto plazo y un modelo económico que terminó colapsando.

No se trata de afirmar que un gobierno pueda impedir un terremoto. Eso es imposible. Lo que sí puede hacer cualquier administración responsable es reducir sus consecuencias. La diferencia entre una catástrofe y una emergencia controlable suele depender de decisiones tomadas muchos años antes de que la tierra empiece a temblar.

La tragedia nunca ocurre únicamente por causas naturales. Muchas veces también es el resultado de la negligencia, la improvisación y la falta de planificación.

Lo más preocupante es que el problema no terminó con la entrega del informe en 2005. Los gobiernos posteriores tampoco impulsaron un programa nacional sostenido para corregir las vulnerabilidades señaladas por los especialistas. La prevención siguió relegada, mientras el deterioro económico, la falta de mantenimiento de la infraestructura y el crecimiento urbano sin suficiente control incrementaron la exposición al riesgo.

La ciencia hizo su trabajo. Los expertos investigaron, analizaron y advirtieron. El conocimiento estuvo disponible. Lo que faltó fue voluntad política para convertir esas recomendaciones en políticas públicas.

Esta realidad deja una lección que trasciende a Venezuela. Los desastres naturales no distinguen entre gobiernos, ideologías ni discursos. La naturaleza no negocia con la propaganda ni concede prórrogas porque un presupuesto sea insuficiente. Cuando ocurre un terremoto, solo importan la calidad de las construcciones, la preparación de los servicios de emergencia y el nivel de organización de la sociedad.

Ignorar una advertencia científica no hace desaparecer el riesgo. Simplemente aumenta el costo humano cuando finalmente ocurre lo que los expertos habían anticipado.

Hoy, más de veinte años después de aquel estudio japonés, la pregunta ya no debería ser quién tenía razón. La evidencia responde por sí sola. La verdadera interrogante es si las autoridades actuales aprenderán de aquella oportunidad perdida o si el país seguirá esperando a que otra tragedia confirme, una vez más, lo que la ciencia ya había dicho.

Porque cuando los gobiernos desoyen a los científicos, quienes terminan pagando las consecuencias son siempre los ciudadanos.

FOTO: Venezuela Analisys