DeSantis responde al escándalo de Hope Florida: “El único delito fue quien filtró el informe del gran jurado”

Miami, Reporta.news— El gobernador de Florida, Ron DeSantis, salió este jueves al paso de las conclusiones de un gran jurado estatal que determinó que su administración “malversó” o utilizó indebidamente 10 millones de dólares de fondos vinculados a un acuerdo de Medicaid, dinero que terminó pasando por la fundación Hope Florida, relacionada con la primera dama Casey DeSantis, antes de llegar a organizaciones políticas.

DeSantis no aceptó las acusaciones y respondió con dureza cuando un periodista le preguntó por el contenido del informe.

“El único delito evidente fue el de quién filtró el informe del gran jurado”, afirmó el gobernador, cuestionando la manera en que el documento llegó a los medios de comunicación.

El enfrentamiento se produce después de que CBS News Miami obtuviera una copia del informe, presentado originalmente bajo sello judicial. Según el documento, el gran jurado concluyó que los $10 millones fueron desviados de un acuerdo de $67 millones alcanzado con Centene, una compañía vinculada al programa Medicaid de Florida.

El recorrido de los $10 millones

El dinero formaba parte de un acuerdo relacionado con fondos de Medicaid. Según el gran jurado, los $10 millones fueron dirigidos a Hope Florida, organización vinculada a Casey DeSantis, y posteriormente transferidos a otras organizaciones que terminaron canalizando parte de los recursos hacia comités políticos.

El informe calificó el movimiento del dinero como parte de un “sofisticado esquema para financiar actividades políticas” y sostuvo que los fondos terminaron siendo utilizados en esfuerzos políticos relacionados con la campaña contra la Enmienda 3 de Florida, que buscaba legalizar la marihuana recreativa en el estado en 2024.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre la conclusión política del informe y una acusación criminal: el gran jurado no recomendó presentar cargos contra ninguna persona.

Los jurados señalaron que encontraron evidencia de que el dinero fue utilizado indebidamente, pero dijeron que no pudieron establecer quién tomó específicamente la decisión de transferir los $10 millones, lo que dificultaba una eventual acusación penal.

DeSantis: “El acuerdo fue legal”

El gobernador defendió la legalidad del acuerdo y rechazó que se tratara de un desvío ilegal de fondos públicos.

DeSantis sostuvo que el acuerdo alcanzado con Centene fue jurídicamente sólido, apropiado y favorable a los intereses del estado.

Cuando el periodista cuestionó esa explicación, el gobernador respondió directamente:

“Lo que acaba de decir es mentira”, dejando claro que no está dispuesto a aceptar la caracterización del caso como un uso ilegal de dinero público.

La defensa de DeSantis coincide con la posición que han mantenido funcionarios de su administración, quienes han insistido en que no se violó ninguna ley y que las acusaciones forman parte de un ataque político contra el gobernador y su esposa.

El informe también señala a funcionarios de alto nivel

Aunque el gran jurado no recomendó cargos criminales, el documento sí pone bajo la lupa a varios funcionarios que participaron o tuvieron conocimiento del acuerdo.

Entre ellos aparece James Uthmeier, quien en el momento de la negociación era jefe de gabinete de DeSantis y actualmente ocupa el cargo de fiscal general de Florida.

Según el informe, Uthmeier estaba en una posición de autoridad cuando se produjo el acuerdo y los testimonios ante el gran jurado señalaron su participación en el destino posterior del dinero. El informe también señaló que un comité político relacionado con Uthmeier recibió la mayor parte de los fondos que terminaron en actividades políticas.

La entonces fiscal general de Florida, Ashley Moody, también aparece mencionada en el informe. El gran jurado sostuvo que su oficina conocía los planes relacionados con la transferencia y que autorizó a un funcionario a firmar el acuerdo. Moody ha negado haber cometido irregularidades.

Una controversia que vuelve a golpear a Tallahassee

El escándalo representa un nuevo problema político para la administración DeSantis, especialmente porque el informe del gran jurado cuestiona la transparencia y supervisión en el manejo de dinero relacionado con Medicaid.

El panel recomendó cambios legislativos para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse y criticó que nadie asumiera responsabilidad por la decisión de transferir los $10 millones.

Pero DeSantis ha decidido concentrar su respuesta en otro punto: la filtración del documento sellado.

Para el gobernador, el problema no es solamente lo que dice el informe, sino cómo ese informe llegó a los medios.

La controversia, por tanto, queda planteada en dos frentes: por un lado, un gran jurado que concluye que $10 millones de fondos públicos fueron utilizados indebidamente para fines políticos; por otro, un gobernador que sostiene que el acuerdo fue legal y que el verdadero delito evidente fue la filtración del informe.

Y aunque el gran jurado no encontró evidencia suficiente para presentar cargos criminales, el caso vuelve a colocar a Ron DeSantis, Casey DeSantis, Hope Florida y James Uthmeier en el centro de una tormenta política que difícilmente terminará con la publicación del informe.

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