El Departamento de Estado incluyó este jueves a nueve entidades estatales y tres funcionarios cubanos en su lista de sancionados, en una nueva escalada de la campaña de presión de la Administración de Donald Trump contra el régimen de La Habana.
MIAMI, Reporta.news— La Administración del presidente Donald Trump continúa estrechando el cerco sobre el régimen cubano. Este jueves, el Departamento de Estado anunció nuevas sanciones contra nueve entidades estatales y tres funcionarios vinculados al gobierno de La Habana, ampliando una política de presión que alcanza sectores estratégicos de la economía y también a figuras de la estructura política y de relaciones internacionales del régimen.
Según el Departamento de Estado, las nuevas designaciones forman parte de una iniciativa integral destinada a poner fin a lo que Washington califica como actividades malignas del régimen cubano dentro de la isla y en el hemisferio.
Entre las entidades alcanzadas por las nuevas medidas se encuentran organismos vinculados con sectores como la minería, el comercio exterior y la metalurgia, además del Ministerio de la Construcción.
Pero uno de los elementos más significativos de esta nueva ronda de sanciones es que Washington también puso la mira sobre tres altos directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), una organización utilizada durante décadas por el gobierno cubano para desarrollar relaciones con organizaciones políticas y movimientos de izquierda en distintos países.
Los sancionados son Fernando González Llort, presidente del ICAP; Noemí Ramona Rabaza Fernández, vicepresidenta primera de la institución; y Leima Martínez Freire, directora para Norteamérica.
La designación de González Llort tiene además una particular carga simbólica. El actual presidente del ICAP fue uno de los cinco agentes de inteligencia cubanos conocidos como la Red Avispa, arrestados en Estados Unidos en 1998. González Llort fue condenado y posteriormente liberado en 2014, cuando los cinco fueron enviados de regreso a Cuba.
La inclusión de la dirección del ICAP demuestra que la ofensiva estadounidense no está limitada a las empresas que generan ingresos para el Estado cubano. También apunta a estructuras que Washington considera parte de la maquinaria política y de influencia internacional del régimen.
En su comunicado, el Departamento de Estado señaló que las nuevas designaciones buscan impulsar la estrategia de la Administración Trump para enfrentar las actividades del gobierno cubano tanto dentro de Cuba como en el resto del hemisferio.
Las medidas llegan después de otras acciones adoptadas por Washington durante las últimas semanas contra funcionarios y entidades vinculadas con el régimen cubano, evidenciando que la política hacia La Habana ha entrado en una etapa de mayor presión.
Para el gobierno cubano, el endurecimiento de las sanciones representa un nuevo obstáculo para sus entidades estatales, muchas de las cuales dependen de relaciones financieras y comerciales internacionales para mantener sus operaciones.
Para Washington, en cambio, el objetivo es precisamente dificultar el acceso del régimen a recursos y limitar la capacidad de sus instituciones para operar y proyectar influencia fuera de la isla.
La nueva ofensiva también deja un mensaje político: la Administración Trump parece decidida a ampliar el costo para quienes considera parte de las estructuras que sostienen al régimen cubano, desde sectores económicos estratégicos hasta organizaciones encargadas de mantener sus relaciones políticas internacionales.
Reporta.news continuará dando seguimiento a las nuevas sanciones y a la reacción del gobierno cubano ante esta nueva escalada de Washington.
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